Fiscalía continúa con la presentación de la prueba testimonial en audiencia del caso ‘Prometeo’

 

La audiencia de juzgamiento contra los 4 procesados en el caso Prometeo se realiza en la Unidad Judicial de Manta. 

Manta, 24 de febrero del 2016.-  La audiencia de juzgamiento del caso ‘Prometeo’, relacionado con el delito de lavado de activos, se reinstaló este miércoles 24 de febrero, en su séptimo día consecutivo. En este caso son procesadas 4 personas, quienes habrían realizado operaciones económicas injustificadas, a través de una empresa que exportaba e importaba mariscos en Manta.

El fiscal Estuardo Flores, a cargo del caso, indicó que en esta audiencia han dado su testimonio funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y agentes de la Policía Nacional.

Para el fiscal Flores son fundamentales estos  testimonios, ya que sustenta toda la documentación incorporada al proceso y que tiene relación con cheques, depósitos y transferencias irregulares.

El Fiscal informó que el testimonio de uno de los funcionarios del SRI puso en evidencia que el procesado, Darío E., fue cliente de la misma empresa en la que cumplía el rol de presidente.

Acotó que esta acción se cometió en contra del Art. 261 de la Ley de Compañías, el cual indica que es prohibido administrar una empresa y ser proveedores de la misma.

Las pericias dispuestas por la Fiscalía también determinaron que los acusados tenían cuentas bancarias con más de 300.000 dólares, cuya procedencia no se justifica, pues sus salarios no sobrepasaban los 1.000 dólares mensuales.

Juan E. es otro de los procesados. Se presume que habría utilizado activos de origen ilícitos para la compra de bienes muebles e inmuebles.

Otra de las acusadas es Cindy Z., quien sin poder justificar su ingresos, registra a su nombre varios bienes avaluados en alrededor de 1 millón de dólares.

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que otra de las acusadas, Zoila D., contadora de la empresa pesquera, tenía a su nombre propiedades y vehículos cuyos valores superarían los 300.000 dólares, a pesar de que su remuneración no sobrepasaba los 700 dólares.