Fiscalía apela decisión de Juez que dictó medidas sustitutivas a la prisión para 3 procesados por secuestro extorsivo
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 786-DC-2022
Ibarra (Imbabura), 14 de octubre de 2022.- Esta mañana, Fiscalía apeló la decisión del juez de Garantías Penales, Francisco Chacón, quien dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para Johnny Fabricio I., Marco Daniel A. y Édison Gonzalo B., procesados por el secuestro extorsivo de dos personas.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal de turno fundamentó y justificó el pedido de prisión preventiva contra los procesados, tomando en cuenta la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga de estos ciudadanos; sin embargo, el Juez les dispuso la prohibición de salida del país y presentación periódica.
Según las investigaciones, la noche del miércoles pasado, las víctimas y la esposa y el hijo de uno de ellos acudieron al sector de la Ofelia (norte de Quito) para encontrarse con unos supuestos vendedores de una refrigeradora.
Se dirigieron hacia un condominio y las víctimas se bajaron del vehículo para subir a un departamento y ver el artefacto.
En ese momento, los procesados los intimidaron con armas de fuego y los forzaron a subir a otro automotor: les robaron los teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentos y tarjetas de crédito. Asimismo, les obligaron a dar la clave de una de las tarjetas y retiraron 1.500 dólares en total.
Al parecer, las víctimas iban a ser trasladadas a San Lorenzo. Sin embargo, la madrugada del jueves, al pasar por Ibarra, en el sector de Ajaví, la Policía ejecutaba un operativo de control, por lo que detuvieron el vehículo en el que viajaban los cinco ocupantes. Al notar que el automotor no tenía las dos placas y que el conductor estaba nervioso, los obligaron a detener la marcha.
En ese momento, salió una de las víctimas gritando que lo habían secuestrado.
Información jurídica
El delito de secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años.
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