Fiscalía actuó considerando principios de interculturalidad sobre ataque a familias en aislamiento voluntario

Quito, 17 de septiembre del 2014.- Durante la investigación, la Fiscalía observó los principios de interculturalidad y se sustentó en los peritajes antropológicos. Aquello permitió contar con los elementos necesarios del contexto cultural en que ocurrió el ataque a familias en aislamiento voluntario, el 30 de marzo del 2013.

Así lo explicó el fiscal del caso, Andrés Cuasapaz, durante la audiencia en la Corte Constitucional (CC), la tarde del miércoles 17 de septiembre. La CC convocó a los diferentes actores del proceso para que se informe sobre el cumplimiento de disposiciones emitidas en la sentencia del 7 de agosto del 2014.

Cuasapaz explicó que la Fiscalía, desde la indagación y durante las investigaciones, ha integrado las herramientas que permitieron contar con los elementos del contexto cultural del ataque.

En el cumplimiento de la atribución constitucional y legal de investigar, en mayo del 2013, la Fiscalía dispuso la realización de un peritaje de antropología jurídica. Así se abrió la ruta para que en audiencia oral, pública y contradictoria, se exhortara al juez de la causa para que elevara a la Corte Constitucional la consulta sobre la aplicabilidad de una posible pena a los 17 procesados por su presunta participación en el ataque del 30 de marzo del 2013.

Esta consulta de la Fiscalía dio origen a la sentencia de la Corte Constitucional que, entre otros aspectos, exige al juez de la causa seguir el estándar practicado por Fiscalía y solicitar peritajes sociológico y antropológico para su actuación.

Fiscalía recurrió a los peritajes de Roberto Narváez, investigador y especialista en derechos humanos y culturas amazónicas. Este experto aportó con el ‘Estudio de Antropología Jurídica: Investigación sobre los eventos que acontecieron en Yasuní relacionados con la muerte de una pareja de ancianos waorani y de un ataque realizado a una casa de una familia en aislamiento con filiación cultural tagaeri o taromenani’.

Uno de esos peritajes, Narváez lo hizo en el sitio mismo de los hechos, determinado en función de las entrevistas y visitas de campo a los presuntos atacantes.

También se contó con el aporte de Laura Rival (especialista en culturas amazónicas e investigadora) sobre la filiación de las lanzas que se emplearon en el ataque de los ancianos waorani Ompore y Buganei. Se sumaron las versiones de las personas que participaron en el ataque, dirigentes de la nacionalidad waorani, entre otros.

Además, la investigación de la Fiscalía siguió los criterios de James Anaya, relator de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, quien estableció, entre otros criterios, el de garantizar una investigación de los hechos, la no impunidad y la realización de un estudio sobre el contexto cultural en el cual ocurrió el hecho.

Un aspecto importante fue contar con la coordinación de las autoridades indígenas waorani durante el proceso de indagación.

Datos

-En la audiencia del martes 16 de septiembre del 2014, el juez Segundo de Garantías Penales de Orellana, Alvaro Guerrero, dispuso reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva a los 17 procesados.

-A cambio, dictó medidas sustitutivas como la obligatoriedad de presentarse  cada 15 días ante el juez competente y la prohibición de salir de su territorio y del país.

-Siete de los 17 procesados en el caso estaban detenidos en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Sucumbíos. Luego fueron trasladados al CRS, de donde tres se fugaron. Uno de ellos fue recapturado.

-El 5 de abril del 2013, la Fiscalía inició una indagación previa de oficio.  En noviembre del mismo año, se abrió la instrucción fiscal.