Fiscalía abrió investigación previa por presunto delito contra el derecho a la seguridad social

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 301-DC-2019

Fiscalía abrió investigación previa por presunto delito contra el derecho a la seguridad social

Quito, 28 de agosto de 2019.- El fiscal provincia de Pichincha, Alberto Santillán, recibió una denuncia del director nacional de Afiliación y Cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Carlos Torres Chacha, respecto de un presunto delito de retención ilegal de aportaciones a la seguridad social, y dispuso al Sistema de Atención Integral (SAI), de la Fiscalía de Pichincha, que se ingrese la denuncia y se designe el caso a la Fiscalía Especializada en Soluciones Rápidas, para la apertura de una investigación previa.

La tarde del 28 de agosto de 2019, en una reunión mantenida en el despacho provincial, los personeros del IESS explicaron que –según el informe de inspección ejecutiva por la Unidad de Afiliación y Control Técnico de su Dirección Provincial– una compañía de servicios de seguridad y vigilancia privada habría incumplido con los derechos de sus trabajadores a la seguridad social.

La denuncia, escrita y acompañada de aproximadamente 95 anexos, señala que 316 trabajadores de dicha empresa se encontrarían con inconsistencias en relación a las aportaciones registradas en el sistema de historia laboral del Seguro Social.

Estas serían: evasión de 34 aportes de trabajadores que no estarían debidamente afiliados y la subdeclaración de aportes en 282 trabajadores por bonos, horas extras y otros rubros que constan en roles de pago pero que no habrían sido tomados en cuenta para el respectivo cálculo y aporte al IESS.

En este contexto, el doctor Santillán precisó que la Fiscalía entrega una respuesta oportuna en cuanto a la investigación preprocesal y procesal penal de este y otros casos, para evitar la impunidad y en beneficio de las víctimas o personas afectadas.

Dato jurídico

El delito de retención ilegal de aportación a la seguridad social se encuentra tipificado en el artículo 242 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

 

 

 

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