Fiscalía abrió instrucción fiscal para 26 presuntos integrantes de red de extorsión
Personal de Fiscalía en reunión de trabajo antes de los allanamientos realizados dentro de la investigación del caso de extorsión a familiares de PPL.
Quito, 10 de marzo de 2017.- 26 presuntos integrantes de la red de extorsión a familiares de Personas Privadas de Libertad (PPL) serán investigadas a profundidad por delincuencia organizada, una vez abierta la instrucción fiscal que durará 90 días.
Claudia Romero, fiscal especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional (FEDOTI), de la Fiscalía Provincial de Pichincha (FPP), formuló cargos contra los ciudadanos, entre la noche del 9 de marzo y la madrugada del 10, en el Complejo Judicial en Cuenca.
Durante la audiencia, la fiscal Romero presentó los elementos de convicción recopilados en la investigación previa iniciada por la FPP en agosto de 2016. También los obtenidos en el operativo “4 Ríos”, realizado en siete provincias del Ecuador, la madrugada del 9 de marzo de 2017.
El delito de delincuencia organizada por el que presentó cargos la FPP, agrupa la modalidad de extorsión económica desde los centros carcelarios, también el ingreso de sustancias sujetas a fiscalización y armas de fuego.
Las víctimas de la extorsión son 300 PPL y sus familias, ubicadas por todo el país. Alias “Pipo”, el presunto líder de la organización, operaba desde el Centro de Rehabilitación Social – Turi, en Cuenca.
Los familiares de las PPL debían cancelar entre 10, 2000 y hasta 4000 dólares -cuotas que debían ser depositadas semanal o mensualmente- en las cuentas de amigos y familiares de los integrantes de la organización, para que no atenten contra la vida de la persona recluida.
La banda determinaba la economía de cada familia para establecer el monto a pagar. “Solo una de las víctimas pagó a la organización 10.000 dólares en 6 meses”, dijo la fiscal Romero.
Una de las celdas allanadas en el operativo liderado por la Fiscalía en el Centro de Rehabilitación Social-Turi.
Los allegados de las PPL también estaban obligados a distribuir droga en los puntos que les asignaba la organización, así como a ingresar objetos y armas blancas a Turi, para que no asesinen a sus seres queridos. Esto se cumplía con el apoyo del personal administrativo del centro carcelario.
Por lo que, de los 26 procesados, 14 fueron detenidos en 7 provincias, durante allanamientos realizados en el operativo “4 Ríos”. Según las investigaciones de la FPP, serían parte de la organización delictiva ya que habrían facilitado sus cuentas bancarias para captar el dinero producto de la extorsión. En este grupo se encuentra un guía penitenciario.
En cambio 12 personas procesadas ya estaban recluidas en Turi y operaban desde ahí.
Las medias alternativas que se dictaron al final de la audiencia de formulación de cargos fueron: prisión preventiva para 23; prohibición de salida del país para dos personas; y, presentación cada semana ante el juez para uno de los procesados. 10 abogados asumieron la defensa de los 26 procesados.
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal e impone de 7 a 10 años de prisión. En este caso subiría la pena por los delitos vinculados el tipo penal.
Operativo liderado por la FPP
Uno de los domicilios allanados, bajo la dirección jurídica de la Fiscalía, en el operativo contra la red de extorsión.
27 fiscales y 38 secretarios de la FPP intervinieron en la ‘Operación Victoria’, por el delito de delincuencia organizada bajo el modelo de extorsión económica a familiares las PPL.
La operación se realizó de forma simultánea en siete provincias del Ecuador, durante la madrugada del 9 de marzo en una secuencia de dos operativos con sus respectivos puntos de allanamiento: ‘4 Ríos’ (Azuay) y ‘Regional’ (Cotopaxi), diligencias que fueron dirigidas por la fiscal Provincial de Pichincha, Thania Moreno.
Los allanamientos comenzaron pasadas las 00:00 de este jueves en Azuay, Cañar, Cotopaxi, El Oro, Los Ríos, Pichincha y Tungurahua.
Se encontraron elementos como giros bancarios y agendas con anotaciones de nombres, números de teléfono, de cuentas bancarias, de cédulas de identidad y montos de dinero. Además dinero en efectivo escondido atrás de un cuadro, cheques, depósitos que habrían sido realizados al Centro de Rehabilitación Social – Turi.
Este Centro también fue allanado durante esta operación. Se encontró depósitos bancarios y teléfonos celulares en poder de alias “Pipo”, además, se encontraron armas corto punzantes y otros objetos.