Fiscalía abre proceso penal contra 8 personas de una misma familia
Durante cinco meses se realizaron las investigaciones en este caso de delincuencia organizada.
Quito, 31 de enero de 2017.- Por delincuencia organizada, relacionada con trabajos físicos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, fueron los cargos presentados por el fiscal Iván Ron, contra 8 personas, que quedaron con prisión preventiva.
Los procesados son padres, abuelos y tíos, que valiéndose de su relación de poder sobre sus hijos, nietos y sobrinos, los habrían obligado a cometer delitos como hurto y robo, también a trabajar en la venta ambulante durante largas jornadas, así como a mendigar por más de 12 horas seguidas.
La madrugada del 29 de enero se realizó la audiencia de formulación de cargos ante la jueza Gloria Pinza, en la Unidad de Flagrancia, en Quito.
Iván Ron, es de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (FEDOTI) de Pichincha. El fiscal investigó, con apoyo técnico policial, por más de cinco meses a 8 integrantes de tres familias.
Estas estructuras familiares utilizaban a 19 personas menores de 18 años: 13 niños y 6 adolescentes para ventas ambulantes y mendicidad en jornadas extenuantes (de 10:00 a 23:00), así como para hurto y robo, según se determinó en las investigaciones donde se aplicaron las técnicas de seguimientos y vigilancias con drones, actos que contaron con órdenes legales.
Las investigaciones concluyeron que, al menos en diciembre, en el sector de Iñaquito (norte de Quito) había un grupo de personas que transportaban en un camión, desde el sector del Comité de Pueblo, a niños, niñas y adolescentes para explotarlos laboralmente. Las víctimas debían entregar, cada dos horas, el producto de sus actividades a ‘la jefa’.
“No es un caso aislado, existe un grupo estructurado dedicado a trasladar niños y explotarlos. Se formuló cargos por delincuencia organizada porque hay un jefe que dispone las funciones de cada uno en la estructura, cuyo fin era la explotación laboral”, dijo Thania Moreno Romero, fiscal Provincial de Pichincha.
El fiscal Ron también presentó elementos de convicción recolectados en los 6 allanamientos que dirigió, apoyado por integrantes de la Dirección General de Inteligencia y de la Unidad Especializada Contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, la tarde del 28 de enero de 2017.
Las 19 víctimas, menores de edad, están bajo el eje de protección consensuado entre la Fiscalía Provincial de Pichincha, Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, Ministerio de Inclusión Económica y Social. Actualmente se encuentran ubicados en casa de acogida para la restitución de sus derechos como el de la educación, derecho a una familia y al descanso, manifestó la fiscal Provincial.
“No es normal que un niño, niña o adolescente se mantenga en explotación laboral, o utilizado para delinquir por parte de sus familiares”, la relación de parentesco no le excluirá de la detención y el procesamiento, dijo Moreno Romero.
La investigación continuará, manifestó el fiscal Ron, con la solicitud de testimonios anticipados, pericias de identidad humana y demás diligencias para profundizar la investigación durante estos 90 días de instrucción fiscal.
Dato:
Este es un primer caso procesado en la Fiscalía Provincial de Pichincha donde son los padres, tíos y/o abuelos los que mantienen en explotación laboral u obligados a delinquir a sus hijos, sobrinos y nietos. Es un caso trabajado bajo los dos ejes que son investigación y protección a las víctimas, bajo el Protocolo de Palermo.
La Fiscalía formuló cargos a partir del art. 369 (delincuencia organizada) en concordancia con el art. 105 respecto a trabajos forzados u otras formas de explotación laboral. El primero sancionado hasta con siete años y el segundo hasta con 13 años de privación de libertad.