Fiscal General insistió en extender la reparación integral para las víctimas del ataque a familias en aislamiento

(De izq. a der.) Andrés Cuasapaz, fiscal del caso; Galo Chiriboga, fiscal General del Estado; y Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo. participaron en la audiencia pública en la Corte Constitucional.

Quito, 16 de diciembre del 2015.- El apego en todo el proceso a los principios constitucionales y la necesidad de que se extiendan las medidas de reparación integral dispuestas por la Corte Constitucional para las víctimas. Esos dos aspectos destacó el fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, durante la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional dentro del proceso por el ataque a familias en aislamiento voluntario, ocurrido en el 2013.

Dicha audiencia se realizó la mañana de este miércoles 16 de diciembre, en la que las diferentes partes involucradas de este caso informaron sobre el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia 004-14-SCN-CC, del 6 de agosto del 2014.

Chiriboga Zambrano informó a los jueces de la Corte Constitucional que la Fiscalía, en cumplimiento con el numeral 3 de la sentencia, reformuló cargos y cambió el tipo penal de genocidio a homicidio dentro del proceso que se lleva en contra de 17 procesados.

Asimismo, el Fiscal General indicó que, con antelación a dicha sentencia, ordenó peritajes antropológicos con el fin de entender la cosmovisión de la comunidad a la que pertenecerían los presuntos atacantes a las familias en aislamiento de la Amazonía ecuatoriana y las razones por las que se produjo el ataque suscitado el 30 de marzo del 2013.

Al respecto, la Corte Constitucional dispuso que en este proceso se incorpore el enfoque de interculturalidad. De allí que el juez del caso también ordenó pericias antropológicas y sociológicas.

Durante su intervención en la audiencia pública, Galo Chiriboga insistió en que no solo es necesaria fijar una pena por el ataque y muertes de integrantes de las familias voluntarias, sino también ampliar la reparación integral para las víctimas, en este caso dos niñas, quienes pertenecían a las familias atacadas. Desde el 2013, ellas se encuentran dentro del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado.

Entre tanto, el proceso penal por este caso se encuentra en la Corte de Justicia de Orellana y la audiencia de juicio está convocada para el 11 de enero del 2016.