Fiscal General de Ecuador habló sobre la Corte Penal de Unasur en cita regional de Perú

Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General de Ecuador, participa en la Cumbre de Fiscales de América Latina que se desarrolla en la ciudad de Lima-Perú.

Lima, 30 de marzo del 2016.- “Es necesario contar en la región con una Corte Penal para la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que   tipifique, judicialice y sancione los delitos  transnacionales”. Así lo expuso Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General de Ecuador, durante su participación en la Cumbre de Fiscales de América Latina que se desarrolla en la ciudad de Lima, Perú.

Con la Corte Penal se busca consolidar una opción de integración y de lucha contra el crimen organizado trasnacional. Ante fiscales y procuradores generales de la región que se dan cita en la capital peruana, el Fiscal General ecuatoriano explicó que esta Corte tendría jurisdicción en los países integrantes de la Unasur.

Además, judicializaría casos sobre delitos que trasciendan las fronteras como: lavado de activos, narcotráfico, trata de personas, delitos cibernéticos, falsificación o comercialización de fármacos caducados, entre otros.

Galo Chiriboga también explicó que, por ejemplo, en casos de trata de personas desde esta Corte Penal se perseguirá a las organizaciones  delincuenciales dedicadas a captar a hombres y mujeres en un país y trasladarlos a otros para finalmente explotarlas sexualmente.

“No tenemos una justicia que pueda abarcar los efectos del delito producidos en toda la región. Si la Corte se constituye podrían juzgarse estos delitos en una instancia jurídica”, enfatizó el Fiscal General ecuatoriano.

El objetivo de esta Cumbre es lograr la suscripción de una declaración conjunta frente a la criminalidad organizada, corrupción y  lavado de activos, además de establecer líneas de acción generales para la prevención y persecución del delito.

En la cita en Lima participan fiscales y procuradores generales de 13 países de la región y se busca establecer criterios de colaboración para la prevención y persecución del crimen organizado, la corrupción y lavado de activos, delitos que trascienden las fronteras.