Fiscal Galo Chiriboga solicita a jueces celeridad en aplicación de sentencia por tráfico de tierras
Guayaquil, 16 de marzo del 2012.– Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, consultó a los integrantes del Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas, el estado de la sentencia que por tráfico de tierras se sigue contra Marco Antonio Solís y Glenda Quevedo.
La sentencia, que ya debió emitirse tras la última audiencia de este caso realizada el 02 de febrero del 2012, está en conocimiento de los jueces Smirnova Calderón, Marcela Estrada y Simón Calderón.
En respuesta a la interrogante del Fiscal General, quien visitó el 16 de marzo del 2012 a los magistrados, Smirnova Calderón afirmó que en 48 horas la sentencia del proceso 174-2011 será emitida y que la demora se debió a temas logísticos y técnicos.
La Fiscalía acusó a los dos procesados por el delito de tráfico de tierras, luego de que fueran denunciados, en diciembre del 2010, por moradores de la Cooperativa Marco Antonio Solís, ubicada en la zona de Monte Sinaí al noreste de la ciudad de Guayaquil.
Además de este caso, la Fiscalía impulsa 15 causas más por el mismo delito que involucra a Sergio Toral, quien está prófugo; Tony Estacio, que cumple pena de 17 meses de prisión en la Penitenciaría del Litoral; Balerio Estacio, cuya sentencia de 18 meses de prisión fue apelada por la Fiscalía al considerarla insuficiente.
Mientras que Ínsito Ortiz fue notificado para la audiencia de juicio que se realizará el 13 de abril próximo, en el Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas,
Con toda esta información, el fiscal Galo Chiriboga reunió en Guayaquil a José Serrano, ministro de Interior; Roberto Cuero, gobernador del Guayas; Patricio Franco, comandante de la Policía; y otras autoridades civiles y policiales de la provincia.
En la cita se acordó realizar el seguimiento respectivo de los casos y así evitar que estos delitos queden en la impunidad.
Según estimaciones de autoridades locales del Guayas, las áreas de invasiones que controlaban los denunciados y los procesados superan las 500 hectáreas.
Esta situación afectaría a más de 20 000 personas quienes pagaron, en condiciones informales, por terrenos que no les pertenecían y por servicios como seguridad, electricidad, agua, asistencia legal y otros.