Fiscal Galo Chiriboga abrió indagaciones para proteger a indígenas en aislamiento voluntario en el Yasuní
Dispuso también una indagación por la eventual existencia de cultivos de plantas ilícitas (coca), en la zona que tiene el rango de Reserva Mundial de la Biósfera
El Coca, 20 de enero de 2012.- En un recorrido de cerca de 12 horas por la zona intangible del Parque Nacional Yasuní, además de varias comunidades waorani, Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, constató los conflictos que afectan a esta nacionalidad ancestral que habita entre las provincias de Orellana y Sucumbíos.
La visita inició en el sector de Pindo y continuó en las plataformas de exploración petrolera del Bloque Armadillo, en los puntos waorani de Dikapare y Yampuna. En estos lugares, el Fiscal General escuchó de varias mujeres los relatos sobre el avistamiento en la zona de personas de los Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA), en especial el paso tradicional Oweñaque, utilizado por los taromenane.
Luego, la comitiva que incluyó a los representantes de la Nacionalidad Waorani en Orellana, recorrió las comunidades de colonos de Guayacán y Ciudad Blanca. En esta zona, que colinda directamente con el Parque Nacional Yasuní, el fiscal Galo Chiriboga observó el avance de la frontera agrícola en desmedro de la reserva natural con grandes zonas deforestadas, lo cual es facilitado por la apertura de caminos, trabajo que es impulsado con la anuencia de la Prefectura provincial.
Un tercer tramo que visito la máxima autoridad de la Fiscalía del Estado fue la zona de Los Reyes y Nueva Esperanza. En la primera población, en el 2009 se produjo el último lanceamiento documentado contra un grupo de colonos, mientras que en el segundo, en noviembre del 2011, se alertó de un posible enfrentamiento con PIAs.
Como una tarea inmediata, Galo Chiriboga dispuso al fiscal provincial de Orellana, Pío Palacio, que acelere la indagación previa (caso Duche) sobre las muertes que allí ocurrieron. Y para ello nombró un perito forense que analizará las lanzas que pudieron haber causado la muerte de tres integrantes de la familia.
También conformó una comisión, que incluirá un perito en criminalística, para que investigue el segundo enfrentamiento mencionado por los waorani.
En la zona, también visitó Yawepare y Nampaweno, lugares donde escuchó nuevamente de la presencia de indígenas tagaeri y taromenane. Finalmente en la noche, de regreso al Coca, se reunió en el Vicariato con monseñor Jesús Esteban Sádaba y otros religiosos que entregaron a la Fiscalía documentación sobre la avistamientos entre el 2010 y el 2011 de posibles. pueblos no contactados.
En ese contexto, Galo Chiriboga señaló que “el país debe saber que estos pueblos existen y que es nuestra obligación (como Estado), protegerlos para garantizar su existencia”. En ese sentido, además de las investigaciones por la muerte en Los Reyes y sobre los hechos del 11 de noviembre del año pasado, dispuso abrir una indagación previa por un eventual delito ambiental derivado de la tala ilegal de bosque dentro del Parque Nacional Yasuní.
Además dispuso una indagación por la eventual existencia de cultivos de plantas ilícitas (coca), entre otras investigaciones que se desarrollarán en la zona que tiene el rango de Reserva Mundial de la Biósfera.
También notificó al Ministerio del Ambiente, para que dentro del ámbito de su competencia, verifique la existencia de contaminación por ruido. Esto, después de visitar la estación Los Reyes, pozo Hormiguero del bloque administrado por la empresa Petrooriental, donde se denunció la permanente perturbación causada por los generadores eléctricos y demás infraestructura técnica.
El Fiscal General, incluso, planteó la posibilidad de promover un acto urgente para proteger a la comunidad waorani de Nampaweno ante un eventual desalojo planteado por otras nacionalidades indígenas y colonos, y por la actividad de madereros ilegales que frecuentan esta área.
Finalmente, la Fiscalía General del Estado coordinará con el Ministerio de Justicia las acciones correspondientes para la correcta aplicación del Plan de Medidas Cautelares, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).