Fabricio Colón P. S. es llamado a juicio por el delito de intimidación, que habría cometido contra la Fiscal General del Estado
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 694-DC-2024
Quito (Pichincha), 13 de junio de 2024.- Con base en cuarenta y un elementos de convicción, la Jueza de la Unidad Judicial Penal de Carcelén que conoció la causa llamó a juicio a Fabricio Colón P. S. –identificado como líder del GDO “Los Lobos”– por su presunta participación en el delito de intimidación.
Según la teoría de Fiscalía, el procesado habría amenazado de muerte a Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado.
En el expediente investigativo consta un informe técnico pericial de identificación, cotejamiento y muestra biométrica de voz, practicado a la transcripción de emisiones lingüísticas de un video (que contenía las amenazas de muerte) que llegó –mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp– al contacto de la víctima.
Tras el análisis, se determinó que la voz del video es la misma que la del procesado.
Además, se incluye un informe pericial psicológico y de entorno social a la víctima, en el que se demuestra la afectación provocada tras la amenaza de muerte. En dicho informe se señala que tuvo que alterar su vida personal, laboral y profesional, y que el riesgo a su seguridad se incrementó de manera exponencial.
A estos elementos se suman: el testimonio anticipado de la Fiscal General del Estado, versiones de los integrantes de su cápsula de seguridad, el parte policial de la amenaza recibida, la pericia practicada a la aplicación WhatsApp, el informe técnico pericial forense de extracción fotográfica del celular de la víctima, el informe de materialización de los mensajes amenazantes, entre otros.
Al finalizar la diligencia, la Jueza del caso dictó auto de llamamiento a juicio contra Fabricio Colón P. S. –en calidad de autor– por su presunta participación en el delito de intimidación.
Además, ratificó la medida de prisión preventiva en su contra y las medidas de protección a favor de la Fiscal General del Estado, quien actúa como acusadora particular en la presente causa.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso por el delito de intimidación, tipificado en el artículo 154, inciso 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años: “si la amenaza o intimidación se realiza contra una servidora o servidor público con el propósito de que actúe de manera contraria a la normativa legal vigente y los deberes que le impone el ejercicio de su función”.
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