Exfuncionario de la Contraloría es procesado por acceder ilícitamente a correos electrónicos de funcionarios públicos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 144-DC-2018
Portoviejo, 14 de junio de 2018.- Esta madrugada, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, lideró un operativo en el que se detuvo a un exfuncionario de la Contraloría General del Estado quien habría utilizado las claves de acceso a los correos personales de altos funcionarios públicos sin su consentimiento y de esta forma, habría accedido a información.
En el allanamiento realizado al domicilio de Raynero C. se encontraron como indicios una computadora con el logo de la Contraloría y un arma de fuego que presuntamente sería de su madre.
En la audiencia de formulación de cargos desarrollada en la Unidad Judicial de Portoviejo, el fiscal César Suárez presentó como elementos de convicción la versión del director nacional de tecnología de la Contraloría quien detectó el reseteo de las claves de acceso a los correos electrónicos de varios funcionarios públicos.
La pericia informática forense realizada al correo electrónico de Raynero C., mostraría que esta infracción se habría cometido desde su cuenta de correo electrónico. Además, en las versiones rendidas por las personas afectadas se constata que nunca estuvieron al tanto de este hecho.
Raynero C., no habría respetado el acuerdo de confidencialidad firmado con la Contraloría General del Estado, cuya máxima autoridad también fue afectada con este acto ilícito, el cual fue denunciado en su debido momento.
A pesar de los indicios presentados, el Juez de Garantías Penales no aceptó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, sin embargo impuso al procesado como medidas cautelares la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de ausentarse del país.
De comprobarse la participación de Raynero C., en el delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, enfrentaría una pena privativa de libertad de hasta cinco años. La instrucción fiscal en este caso durará 90 días.
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