Entidades estatales se unen para liberar los espacios educativos de violencia
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 183-DC-2017
Quito, 03 de octubre de 2017.- Alcanzar acciones coordinadas para la prevención, identificación, judicialización, erradicación, combate y sanción de la violencia en el sistema educativo, es el objetivo por el que los Ministerios de Educación; Justicia, Derechos Humanos y Cultos; el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado se reunieron este 03 de octubre para la firma de un convenio. Este documento de cooperación interinstitucional presenta las líneas de actuación para la atención en casos de violencia dentro de los espacios educativos.
Entre las obligaciones a las que se comprometen la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura están el generar el registro de los casos de delitos contra la integridad física y sexual de los niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo; así como la atención y acompañamiento inmediato a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia; y, la restitución integral y la reparación a las víctimas con enfoque de derechos.
Además de impulsar las investigaciones cumpliendo con los principios de inmediatez; levantar estadísticas sobre los casos denunciados; mantener información disponible sobre los sobreseimientos, sentencias y demás procesos vinculados a casos de violación sexual.
De su parte, el Ministerio el Justicia, Derechos Humanos y Cultos, tiene entre sus acciones la creación de espacios de cooperación para garantizar el cumplimiento del objetivo del convenio, además de consolidar la información sobre situaciones de violencia sexual en los centros educativos.
Rosana Alvarado, titular de Justicia, explicó que cualquier esfuerzo que las instituciones puedan proponer va a significar un paso más para evitar la impunidad de sucesos que todos rechazamos como pueblo y sociedad. Recordó que los mecanismos implementados se reforzarán con la firma del convenio.
Fander Falconí, ministro de Educación, señaló que el convenio tiene como objeto evitar la impunidad de la violencia en todas sus formas que se produce particularmente en los espacios educativos y enfatizó en la política de cero tolerancia frente a la violencia y al abuso en los espacios educativos, por lo que se generó el programa “Más Unidos Más Protegidos”.
Entre otras acciones, se debe definir los instrumentos normativos para orientar las acciones que deben llevar adelante las autoridades educativas para atender a las víctimas de violencia y denunciar las mismas. También deberá reportar oportunamente las acciones administrativas y judiciales realizadas, capacitar a los miembros de la comunidad educativa sobre los procesos que deben emprender para erradicar este tipo de delitos, entre otras disposiciones. Estas acciones se enmarcan en las políticas de protección de derechos que se impulsan para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
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