En apelación, Fiscalía obtiene sentencia para procesado por tráfico de drogas en mediana escala
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1248-DC-2023
Quito (Pichincha), 23 de noviembre de 2023.- Anthony P. H. fue reincidente en el cometimiento de la infracción penal: tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Por ello, Fiscalía logró que –en apelación– la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha lo sentencie a seis años y ocho meses de privación de la libertad.
De acuerdo con el artículo 57, inciso tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “si la persona reincide se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal incrementada en un tercio”.
En este caso, Anthony P. H. fue procesado por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en mediana escala. La pena máxima que el COIP establece para este tipo penal es de cinco años. Esto, sumado al un tercio que establece la norma por reincidencia da un total de seis años y ocho meses.
Luego de la audiencia de formulación de cargos, el acusado se sometió a un procedimiento directo, en el que una Jueza ratificó el estado de inocencia argumentando que existe duda razonable de que el procesado sea traficante de sustancias ilícitas, pues padecía de una adicción a la marihuana.
Esta resolución fue apelada por Fiscalía ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. En la audiencia, la Fiscal de Investigación de Delitos Flagrantes No. 7 volvió a mencionar el testimonio rendido por el agente de Policía Antinarcóticos que aprehendió al procesado.
Dijo que el 22 de mayo de 2023, Anthony P. H. fue sorprendido por la Policía vendiendo droga en la pista de patinaje del Parque La Carolina.
Cuando fue aprehendido, tenía en su poder tres fundas con 48,40 gramos de marihuana.
La verificación y el pesaje de la sustancia también se hicieron mediante una pericia, que fue presentada como prueba en la audiencia de juicio directo.
Los argumentos de Fiscalía fueron analizados por la Sala que aceptó el recurso de apelación, imponiéndole al procesado la pena máxima más un tercio. También le impuso el pago de una multa de doce salarios básicos unificados.
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