Empresa Odebrecht no podrá celebrar otros contratos en Ecuador
La Fiscalía dirigió un allanamiento a las oficinas de Odebrecht en Guayaquil la madrugada del 23 de diciembre.
Quito, 3 de enero de 2017.- Por solicitud de la Fiscalía, las instituciones del Estado ecuatoriano no podrán celebrar contratos con la empresa Norberto Odebrecht, mientras se investiga un posible delito de cohecho que habría cometido en el país esta empresa brasileña.
El pedido de Fiscalía fue presentado la semana pasada como un acto urgente ante el juez de Pichincha, Vicente Ribaneira, quien el viernes 30 de diciembre de 2016 resolvió que las instituciones de la administración pública, alcaldías y prefecturas se abstengan temporalmente de realizar nuevos contratos.
El fiscal Wilson Toainga, responsable de la investigación previa del caso, solicitó este pedido con la finalidad de evitar se consuma el presunto delito de cohecho, que es investigado de oficio desde el 22 de diciembre.
Dentro de esta investigación, la Fiscalía General del Estado dirigió un allanamiento a las oficinas de la compañía Norberto Odebrecht, la noche del jueves 22 y madrugada del 23 de diciembre situadas en el interior de un centro comercial, al norte de Guayaquil, donde se incautaron decenas de documentos y material electrónico.
Odebrecht habría pagado por concepto de sobornos en Ecuador 33.5 millones de dólares, según recogieron notas de prensa tras una declaración de Marcelo Odebrecht, representante legal de la constructora brasileña. Esta información fue difundida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EE.UU.).
Los supuestos pagos ilegales se habrían realizado entre 2007 y 2016, a fin de obtener contratos por 116 millones de dólares con el gobierno ecuatoriano.
Los presuntos actos de corrupción de Odebrecht también involucran a otros 11 países como Brasil, Venezuela, República Doiminicana, Panamá, Angola, Argentina, Perú, Guatemala, Colombia, México y Mozambique, según detalló el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La mencionada empresa tendría que pagar una multa superior a los 2.000 millones de dólares por posibles sobornos a funcionarios y políticos de EE.UU., Suiza y Brasil.