Dos expolicías sentenciados a 34 años de prisión por robo con muerte

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 757-DC-2023

Imagen de boletín: Dos expolicías sentenciados a 34 años de prisión por robo con muerte

Cuenca (Azuay), 04 de agosto de 2023.- Mario David N. y Cristian Paúl A., expolicías, están sentenciados a cumplir treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad, como autores de robo con resultado de muerte.

Cuando todavía pertenecían a la Policía Nacional, fueron alertados por el ECU 911 para que verifiquen las puertas del garaje de un domicilio que se encontraban abiertas. Acudieron a dicha vivienda, en un patrullero conducido por otro uniformado.

Eran casi las 05:00 del 25 de agosto de 2022, cuando los policías llegaron al inmueble ubicado en el centro de Cuenca. Mario David N. y Cristian Paúl A. se bajaron del vehículo y, en cuestión de minutos, ingresaron y salieron de la vivienda por cuatro ocasiones, sacando varios objetos y guardándolos en la cajuela del patrullero.

Un oficial de la Policía llegó -en otro patrullero- para verificar lo que estaba sucediendo. Mario David N. le informó que la puerta del garaje no se podía cerrar y no que existían más novedades.

Pero el oficial observó que la puerta de ingreso a la segunda planta estaba abierta y le pidió al policía que la cierren y se retiren del inmueble. Todos, a bordo de los dos patrulleros, se fueron del lugar.

Sin embargo, a las 05:47, Mario David N. y Cristian Paúl A. retornaron al inmueble, ingresaron y sacaron más objetos, llevándolos hasta el patrullero que estaba estacionado a unas cuadras del sitio.

Volvieron otra vez, pero en esta ocasión se encontraron con Luis B., quien estaba en el segundo piso de la vivienda. Se enfrentaron con él, le amarraron las manos a la espalda y lo mataron de cincuenta y tres puñaladas. Enseguida huyeron lugar llevándose la billetera y una cadena de oro que arrancaron del cuello de la víctima.

A las 10:30, allegados a Luis B. llegaron al domicilio, encontraron el cadáver y denunciaron el hecho.

En delito flagrante

En el transcurso del desarrollo de las primeras diligencias investigativas, Fiscalía solicitó la identidad de los policías que acudieron a la vivienda y se conoció que se trataba de los ahora sentenciados, por lo que fueron localizados y aprehendidos.

Durante el allanamiento a los inmuebles donde residían, se incautaron bienes de propiedad de la víctima: zapatos deportivos, una computadora de escritorio, un DVR, prendas de vestir, una cadena de oro y la billetera con documentos personales de Luis B. Además, botas y uniformes de los policías que tenían máculas de sangre.

Estos hechos fueron demostrados por la Fiscal de Patrimonio Ciudadano 3 de Cuenca, ante el Tribunal de Garantías Penales del Azuay que, la mañana del viernes 4 de agosto, sentenció a los dos expolicías a treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad. También deberán cancelar 78.500 dólares, como reparación integral a los familiares de la víctima.

El fallo condenatorio tiene como base las pruebas presentadas por Fiscalía en audiencia de juzgamiento, como los testimonios del perito en genética forense, quien concluyó que en la ropa de los policías se encontró sangre de la víctima. Además, del perito de Criminalística que realizó la experticia de audio y video a las imágenes de las cámaras de seguridad privadas y del ECU 911, en las cuales se observa a los sentenciados ingresar y salir del inmueble, entre otras.

En este caso, una sobrina de la víctima –quien rindió testimonio en el juicio–, fue ingresada en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (Spavt).

Información jurídica

Los sentenciados fueron procesados con base en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años. En este caso, se aplicó la máxima.

Para agravar el tiempo de privación de libertad, los jueces consideraron circunstancias agravantes 5 y 19 del artículo 47 del COIP, que es actuar entre dos o más personas y aprovecharse de la condición de servidor público para cometer el delito. Por lo que la pena máxima agravada es de treinta y cuatro años y ocho meses de prisión.

 

 

 

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