Cuatro ciudadanos son procesados por peculado cometido en cooperativa de Loja
Loja, 18 de marzo de 2015.- La Fiscalía formuló cargos contra cuatro ciudadanos por su presunta participación en el delito de peculado cometido en una cooperativa de ahorro y crédito de Loja.
En la audiencia, el juez de Garantías Penales de Loja, Diego Ochoa, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Edgar V. exgerente, Luz C., exjefe de inversiones y Marco P., exoficial de crédito de la entidad financiera.
Además, el juez dispuso la presentación periódica ante la Fiscalía del ciudadano Manuel R. y ordenó la prohibición de enajenar bienes y de salir del país a los cuatro procesados.
El fiscal Gabriel Paz, informó que hubo un mal manejo del dinero de los depositantes, lo que produjo pérdidas de aproximadamente 10 millones de dólares, desde el 2009 a mayo del 2014. Esto se detalla en el informe de supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS.
El fiscal Paz dijo que las pérdidas ocasionaron problemas de liquidez y solvencia. Es por ello que cuando algunos socios solicitaron retirar su dinero, este no fue devuelto.
Según las investigaciones de la Fiscalía, la cooperativa habría concedido préstamos irregulares a funcionarios y a otros socios, sin la debida documentación de respaldo, incumpliendo con los estatutos de la entidad. En algunos casos no se habría cobrado intereses.
Además, se habrían adquirido bienes a nombre de uno de los procesados con dinero de la cooperativa, los cuales fueron revendidos a esta entidad financiera con precios sobrevalorados.
La cooperativa contaba con 644 socios, tenía la matriz en Loja y dos sucursales en ese mismo cantón. Por sus problemas financieros cerró sus puertas el 11 de diciembre de 2014.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada el miércoles 18 de marzo, la Fiscalía presentó como elementos de convicción los informes de la SEPS y de auditoría de un perito designado por la Fiscalía, así como certificados de depósitos de los socios que no fueron devueltos, libretas de ahorros, versiones de testigos, entre otros.
El juez Ochoa concedió 90 días para la instrucción fiscal.
Dato:
La Fiscalía basó su acusación en el artículo 257 del Código Penal, vigente a la fecha del cometimiento del delito, el cual contempla una pena de 8 a 12 años de reclusión mayor.