Cuatro ciudadanos son acusados por la Fiscalía en el caso Nuques
Quito, 6 de octubre de 2014.-En audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, la Fiscalía acusó a cuatro exfuncionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Procuraduría General del Estado (PGE), por falsedad en un instrumento público por la firma ilegal de un acta de mediación para que el Estado ecuatoriano pague 23 millones de dólares a los herederos de la familia Nuques.
Esta acta fue firmada por José C., exdirector del SRI, y Desiderio Y., procurador judicial de la familia Nuques, el 8 de enero del 2007. Los herederos: Julio Nuques Salvador y José y Elena Nuques Villacís hicieron su reclamo porque, supuestamente, fueron afectados por la expropiación de sus bienes. Estos son un ingenio azucarero y las haciendas ‘La Virginia’, ‘El Colorado’ y ‘La Esperanza’, ubicadas en la provincia de Los Ríos.
Los acusados por la Fiscalía son José C. y Antonio E., exdirector y exasesor jurídico del SRI, respectivamente; Sócrates V., exsubprocurador General del Estado, y Desiderio Y., procurador judicial de la familia Nuques.
En cambio se abstuvo de acusar a Alvaro G., exabogado externo del SRI; y a Luis S. y José A., exfuncionarios de la P.G.E., por determinar que en sus actuaciones no existió responsabilidad penal.
Según Cecilia Armas, fiscal General Subrogante, “se evidenció que artificiosamente se suscribió un acta de mediación, en donde se hacen constar hechos falsos, con lo cual se pretendió perjudicar al Estado en más de 23 millones de dólares”.
En la diligencia, la Fiscalía presentó 45 elementos de convicción. Entre los principales consta el informe de la Contraloría General del Estado, que determinó que no se cumplieron los procedimientos legales establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, para llegar a una mediación como una solución alternativa de conflictos. Además, en dicha ley se determinaba que solo el Procurador era la persona encargada de disponer la mediación, pero quien lo hizo fue José V., exsubprocurador, sin tener la competencia legal.
Otros elementos fueron la autorización para la firma del acta, aprobación para la suscripción de la misma y la participación de cada uno de los imputados, entre otros.
Al finalizar la audiencia, el juez nacional Vicente Robalino manifestó que en los próximos días emitirá su resolución sobre el dictamen presentado por la Fiscalía.
Datos:
La Fiscalía inició esta investigación por una denuncia presentada por José Luis Cortázar, exsecretario Anticorrupción, en el 2007.
El delito de falsedad en un instrumento público está contemplado en el Art. 339 del anterior Código Penal, en donde se determina que este delito será reprimido con pena de 6 a 9 años de reclusión menor.