Ciudadano que fungía ser funcionario público fue sentenciado a cinco años
Guayaquil, 11 de junio de 2015.- Juan E. alias ‘El ministro’ fue sentenciado a cinco años de pena privativa de libertad, por considerarlo líder de una supuesta banda delictiva que ofertaba cargos públicos, a través de las redes sociales.
Junto a él, cuatro personas más fueron procesadas y sentenciadas en el grado de cómplices por el delito de estafa. El tiempo de la pena se conocerá en la providencia escrita.
La audiencia de juzgamiento se realizó en el Tribunal Quinto de lo Penal del Guayas ubicado en la unidad judicial Alban Borja, norte de Guayaquil.
En la diligencia, el fiscal Gregorio López presentó un informe donde indicaba que el procesado habría creado una cuenta en la red social facebook, con una identidad falsa que le permitía hacerse pasar por funcionario público.
Además presentó informes de seguimientos y registros de llamadas telefónicas con sus supuestos cómplices y víctimas.
Asimismo expuso los registros de las cuentas bancarias, en las cuales los perjudicados depositaban el monto solicitado que oscilaba entre 600 y 800 dólares. Luego el dinero era retirado por los supuestos cómplices.
El cargo que ostentaba alias ‘El Ministro’ sirvió para sorprender a sus víctimas, a quienes les solicitaba dinero a cambio de otorgar supuestos empleos en instituciones públicas.
Este procesado fue detenido durante un operativo realizado el 7 de noviembre de 2014, mientras permanecía en el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas Zonal 8, por el delito de estafa, desde donde operaba.
En la diligencia que se extendió a la ciudadela Mucho Lote, Girasol y Pascuales; donde también fueron aprehendidos los otros integrantes de este supuesto grupo delictivo.
La Dirección Nacional de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado investigó durante cuatro meses, determinando que Juan E., alias ‘El ministro’ tenía un perfil falso (en las redes sociales) con los nombres de Iván Gabriel Espinel.
Las publicaciones de la página hacían presumir que era un funcionario público y estaba en capacidad de ofertar puestos en instituciones gubernamentales.
El perjuicio ascendió a unos 10 mil dólares y las víctimas fueron personas oriundas de las provincias de Los Ríos, Manabí, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Guayas e Islas Galápagos.
El hecho fue conocido por las denuncias de 12 personas que fueron perjudicadas.
En los próximos días el Tribunal emitirá por escrito la sentencia.