A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado encontró elementos suficientes para investigar a un ex Asambleísta, la ex Presidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción, que estarían involucrados en el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico, todo en detrimento de los intereses del Estados.
Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales de larga data como el mismo alias “Fito”, además de intereses individuales.
Doce órdenes de detención ejecutadas es el resultado de los allanamientos efectuados por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada que involucraría a un exasambleísta, funcionarios de la Conrte Provincial de Guayas, del Consejo de la Judicatura de la misma jurisdicción y otros.
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La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, formula cargos contra los 12 detenidos por presunta delincuencia organizada.
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La Fiscalía General del Estado solicita fecha y hora para la audiencia de vinculación contra 13 personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada que se investiga en esta causa.
En la Corte Nacional de Justicia, se instala la audiencia para receptar los testimonios anticipados de Mayra S. y Daniel S. (testigos protegidos).
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Por pedido de las defensas de varios investigados, Juez no instala la audiencia de vinculación de 13 personas al proceso por delincuencia organizada.
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En la Corte Nacional de Justicia, se instala la audiencia de vinculación de 13 personas al proceso en el que la Fiscalía General del Estado investiga el delito de delincuencia organizada.
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Juez nacional acoge parcialmente el pedido de la Fiscalía General del Estado y dicta prisión preventiva para 8 de los 13 vinculados, mientras que para los otros 5 dispone presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
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Juez acoge el pedido de la Fiscalía General del Estado y niega las solicitudes de revisión de medidas para 4 procesados, mientras que para un quinto solicitante, ordena presentaciones periódicas y prohibición de salida del país
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Se instala la audiencia de apelación a la prisión preventiva. El fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, rebate los argumentos expuestos por los procesados y solicita que los pedidos sean negados. El Tribunal suspende la audiencia para analizar lo presentado por las partes procesales.
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Por pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, se receptan los testimonios anticipados de dos personas, quienes aportan información de su participación en los hechos investigados.
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En la reinstalación de la audiencia, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechaza los recursos de apelación presentados por 8 de los procesados.
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En audiencia de revisión de medidas cautelares, solicitada por varios de los procesados en esta causa, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, pide que se ratifique la prisión preventiva contra 7 de los procesados y que se sustituya para R. C. S., quien es testigo protegido. El Juez suspende la audiencia para analizar los argumentos expuestos.
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Juez Nacional acoge el pedido de Fiscalía y ratifica la prisión preventiva contra 7 procesados (incluido Pablo M.) y dispone presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para R. C. S.
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La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, solicita la ratificación de la prisión preventiva para Fabiola G., expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, y Silvia O., ambas procesadas en esta causa.
El Juez que lleva la causa suspende la audiencia de revisión de medidas cautelares para analizar los argumentos presentados por las partes.
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El Juez niega el pedido de revisión de medidas cautelares para Fabiola G., ratificando su prisión preventiva.
A Silvia O. le sustituye la prisión preventiva por la obligación de presentarse periódicamente y la prohibición de salida del país.
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Se instala la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por 3 de los procesados por delincuencia organizada.
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Debido a que el Juez de la causa fue recusado por la procesada Fabiola G., no se reinstala la audiencia de revisión de medidas.
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Juez Nacional acoge el pedido de Fiscalía y niega la revisión de medidas solicitada por los procesados Henry T., Alberto L. y Esteban Ch.
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Se instala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 23 procesados por delincuencia organizada, entre ellos Pablo M., exasambleísta, y Fabiola G., expresidenta de la Corte de Guayas.
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En el sexto día de audiencia, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, –con base en el dictamen acusatorio de Fiscalía, sustentado en 561 elementos de convicción–solicita al Juez que llame a juicio a Pablo M., Fabiola G., Johann M. y Mercedes V. en calidad de líderes y a los otros 19 procesados como colaboradores del delito de delincuencia organizada.
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Concluyen las intervenciones de las defensas de los procesados, respecto al dictamen acusatorio presentado por Fiscalía. Juez declara la validez de todo lo actuado hasta el momento en la causa. Además, inicia el anuncio de prueba de las partes procesales.
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Con base en el dictamen acusatorio debidamente fundamentado por Fiscalía, juez Javier de la Cadena llama a juicio a Pablo M., Fabiola G., Johann M. y Mercedes V. como líderes, y a otros 15 procesados en calidad de colaboradores del delito de delincuencia organizada.
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Fiscalía presenta su alegato de apertura contra 13 procesados por presunta delincuencia organizada. La oferta probatoria se centrará en demostrar que los enjuiciados habrían ejecutado un plan estructurado para controlar el Sistema de Justicia en Guayas.
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Avanza la audiencia de juicio con la presentación de pruebas por parte de Fiscalía. Se reproducen testimonios anticipados que detallan la participación de los procesados en el delito imputado.
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Se instala la audiencia privada en la que el Tribunal evalúa la cooperación eficaz de los procesados –y testigos protegidos– R. A. L. T. y R. C. S. P., respecto a la pena solicitada por Fiscalía.
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Durante el juicio, Fiscalía presentó 30 pruebas testimoniales y 146 documentales para sustentar su tesis sobre la participación de los procesados en el delito imputado.
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El exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, Fabiola G., y el exjuez provincial Johan M. son sentenciados a trece años y cuatro meses de prisión, en calidad de líderes de la estructura de delincuencia organizada.
Reinaldo C., Henry T., Nelson P., Guillermo V. y Juan R. reciben nueve años y cuatro meses de pena privativa de libertad, en calidad de colaboradores.
En cuanto a los procesados Alberto L. y Ruth S., quienes se acogieron a la cooperación eficaz, deberán cumplir una pena de un año y cuatro meses de cárcel.
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Se instala la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por Jackqueline D., procesada –que permanece prófuga–por presunta delincuencia organizada.
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