La Fiscalía General del Estado investiga el presunto cometimiento del delito por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos, en el otorgamiento –ilegítimo– de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
La red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los PPL obtengan libertad, a través de argucias y abuso del derecho, aparentando legalidad en estas acciones.
Durante la madrugada y la mañana del 3 de abril, se ejecuta un operativo simultáneo en ocho provincias, en el que 14 personas fueron detenidas. Entre los indicios levantados se incluyen: documentos, dispositivos de almacenamiento, terminales móviles, laptos, entre otros.
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Se instala la audiencia de formulación de cargos contra 14 investigados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
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Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, Juez de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado ordena la prisión preventiva para 13 de los 14 procesados.
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Tribunal de la Corte Provincial de la Sala Especializada para Delitos de Corrupción y Delincuencia Organizada rechaza el recurso de apelación interpuesto por siete procesados. Los jueces acogen el pedido de Fiscalía y ratifican la prisión preventiva para todos.
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Se instala la audiencia revocatoria de medida cautelar solicitada por Hugo Marcelo A., uno de los procesados que cumple prisión preventiva.
El Juez de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado suspende la diligencia para resolver sobre la petición del imputado y convoca la reinstalación para el 5 de junio.
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Juez declara fallidas las audiencias en las que se tenía previsto receptar los testimonios anticipados de Hugo Alexander L. O. y Lenin V. V., procesados por el delito de delincuencia organizada. Las diligencias están señaladas para el 14 de junio de 2023 a las 09:00 y a las 11:30, respectivamente.
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Se instala la audiencia de recepción de testimonios anticipados de los procesados Hugo Alexander L. O. y Lenin V. V., investigados –junto a 12 personas más– por presunta delincuencia organizada.
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Este proceso estaba a cargo de la Fiscalía Provincial de Pichincha; sin embargo, los elementos de convicción recabados determinaron que también habrían participado jueces que ostentan fuero de Corte Nacional, por lo que pasó a conocimiento de la Fiscalía General del Estado.
La Institución vincula a diecisiete personas. Juez Manuel Cabrera acoge el pedido de Fiscalía y dicta prisión preventiva para catorce, arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico para otros dos (por ser adultos mayores), y para una mujer (por su estado de gestación), prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.
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Se instala la audiencia de apelación a la prisión preventiva, solicitada por varios procesados en esta causa.
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En la reinstalación de la audiencia de apelación a la prisión preventiva, el Tribunal acoge el pedido del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, y declara improcedentes los recursos presentados por 11 de los procesados.
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Se realiza la audiencia de recepción de testimonio anticipado, solicitado por Fiscalía, de Xavier A. uno de los procesados en esta causa.
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Con la presencia del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, se desarrolla la audiencia de recepción de testimonio anticipado del procesado Joffre R.
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El procesado Simón G. rinde su testimonio anticipado. Él forma parte de los 31 procesados en esta causa por presunta delincuencia organizada.
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En la Corte Nacional de Justicia, con la presencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, se recibe el testimonio anticipado de O. I. J. V.
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Por pedido de la Fiscalía General del Estado se recibe el testimonio anticipado de A. H. L. V., uno de los procesados en ese caso.
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Por pedido de la Fiscalía General del Estado, se recibe el testimonio anticipado de M. I. H. S., uno de los procesados en esta causa por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
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Se instala la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por diez de los procesados. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicita –de manera justificada– que se rechacen las pretensiones de cambio de medidas, ya que no han sido debidamente fundamentadas ni se han presentado circunstancias nuevas para sustituirlas.
En su intervención, destaca que no es el momento procesal oportuno para que las defensas de los procesados refuten los elementos de convicción con los que Fiscalía sustentará su dictamen.
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Juez acoge el pedido de Fiscalía y rechaza la solicitud de revisión de medidas cautelares planteada por diez de los procesados, ratificando la prisión preventiva dictada contra ocho de ellos y el arresto domiciliario para los otros dos.
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El Juez que conoce la causa acoge los argumentos expuestos por Fiscalía y niega la revisión de medidas solicitada por los procesados Cristian R., Gary P. y Hugo H. En consecuencia, ratifica la prisión preventiva en su contra.
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Inician las audiencias de procedimientos abreviados con varios procesados que aceptaron su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. Comienza la diligencia L. J. V. V. (testigo protegido), quien recibe sentencia bajo esta figura procesal.
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Se instala la audiencia de procedimiento abreviado al que se acogieron Á. H. L. V. y S. O. G. T. (testigos protegidos), procesados por delincuencia organizada. Ambos reciben sentencia conforme a su participación en el delito.
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Se instala la audiencia de procedimiento abreviado a la que se acogieron J. J. R. R., O. I. J. B., José Alfredo Mejía Bustos y M. I. H. S., procesados por su participación en el delito de delincuencia organizada. El Juez del caso dicta prisión, el pago de una multa y reparación integral.
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Se instala la audiencia de procedimiento abreviado al que se acogieron H. A. L. O. y X. R. A. B. (testigos protegidos), procesados por delincuencia organizada. Ambos reciben sentencia conforme a su participación en el delito.
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Se instala la audiencia de procedimiento abreviado al que se acogieron Jorge Eduardo A. Z., Marco Patricio C. C. y Franklin Edmundo T. P., procesados por delincuencia organizada. Los tres son sentenciados conforme a su participación en el delito.
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El Juez a cargo de la causa niega el pedido de revisión de medidas cautelares solicitado por Mellany A. T., procesada por presunta delincuencia organizada, al determinar que la documentación presentada no corresponde a la realidad procesal.
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José Daniel Tenempaguay Chasipanta se acoge al procedimiento abreviado, tras haber aceptado su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. El Juez impone una pena de cuarenta y cuatro meses de prisión, en calidad de autor directo.
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Se instala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra catorce procesados por presunta delincuencia organizada. En este caso, Fiscalía investiga la entrega ilegal de acciones constitucionales para favorecer a personas privadas de libertad.
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Fiscalía presenta su dictamen acusatorio y solicita que todos los procesados sean llamados a juicio. De los catorce, ocho se encuentran prófugos de la justicia, tres cumplen prisión preventiva, dos tienen arresto domiciliario y una procesada se presenta periódicamente ante la autoridad competente.
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Juez acoge el pedido de #Fiscalía y rechaza la solicitud de suspensión condicional de la pena presentada por José Tenempaguay (sentenciado por procedimiento abreviado), al no cumplir con los requisitos establecidos en la norma jurídica.
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Con base en el dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía General del Estado, Juez llama a juicio a trece de los catorce procesados por delincuencia organizada. Además, ordena la inmediata captura de ocho de los investigados que se encuentran prófugos de la justicia.
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