Caso Pampa: segunda vinculación a la causa por delito de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 578-DC-2024
Quito (Pichincha), 15 de mayo de 2024.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Selecta Contra el Lavado de Activos (Uisela), vinculó a Yongdeng Z., Julio César L. P., Jairo Hernán M. R. y la empresa Holtexsa S. A. (cuyo representante legal es Mario Fabián S. R., también procesado en esta causa) a la causa en la que se investiga el presunto cometimiento del delito de lavado de activos.
Con esta segunda vinculación, suman 21 los procesados, entre personas naturales y jurídicas.
La audiencia, que se instaló el 9 de mayo, continuó los días 13 y 14 del mismo mes en el Complejo Judicial Norte de Quito, con un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
Los ahora procesados serían parte de la organización delictiva que habría adquirido bienes muebles, vehículos de alta gama y bienes inmuebles (terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos y más) en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.
En el sistema financiero nacional se detectaron algunos movimientos inusuales de los integrantes de esta organización, por un monto aproximado de 31’000.000 dólares (entre 2015 y 2024).
Fiscalía solicitó –de forma justificada– la prisión preventiva para los vinculadas; sin embargo, el Juez acogió parcialmente el pedido y resolvió: prisión preventiva para Yongdeng Z. y Jairo Hernán M. R., mientras que para Julio César L. P., presentaciones periódicas dos veces por semana.
En cuanto a las medidas de carácter real, el Juez ordenó la incautación y la prohibición de enajenar bienes, la inmovilización o congelamiento de las cuentas, y la prohibición temporal de transferir, enajenar o mover fondos, activos e inversiones, tanto de los procesados como de la empresa Holtexsa S. A.
Entre los bienes sobre los que se ordenó la incautación constan: motocicletas, automóviles, lotes de terreno (en Palora, Guayaquil, La Maná y Valencia), inmuebles (en Quito y Guayaquil) y, al menos, seis cuentas bancarias de los ahora procesados.
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