El 14 de abril, Fiscalía inició una investigación previa –con enfoque de derechos humanos– por la muerte del ciudadano Miguel Ángel N., cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en Amaguaña.
Se ejecuta la orden de detención contra uno de los sospechosos en el caso que investiga la muerte de Miguel Ángel N., por petición de Fiscalía. A lo largo de la jornada, dos personas más son detenidas.
Fiscalía formula cargos contra tres detenidos por su presunta participación en el delito de secuestro con resultado de muerte. Juez dicta prisión preventiva para todos.
Juez rechaza recurso de apelación a la prisión preventiva, presentado por Jonathan P. y Eduardo B., procesados por el secuestro con resultado de muerte de Miguel Ángel N.
La Fiscalía General del Estado vincula a Walter S. y José M., como cómplices del presunto de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Miguel Ángel N. y se ordena su prisión preventiva.
El juez Pedro Troya Aldaz deja en libertad a Jonathan Fabricio P. O., alias “Coliflor” –y líder de la organización delictiva denominada “Los Lobos” en Quito–, y a Eduardo Fernando B. V., al sustituir la prisión preventiva por presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso del grillete electrónico.
Con base en los elementos de convicción justificados por Fiscalía, el juez Pedro Troya dicta auto de llamamiento a juicio contra los cinco procesados por presunto secuestro extorsivo con resultado de muerte. Además, ratifica las medidas cautelares ordenadas para los acusados.
En el Complejo Judicial Sur de Quito, se instala la audiencia de juicio contra Jonathan P. y tres personas más, procesadas por su presunta participación en el secuestro extorsivo con resultado de muerte de Miguel Ángel N., considerado como el supuesto líder de la red de captación ilegal de dinero Big Money. Fiscalía General del Estado expuso su alegato de apertura e inició con la práctica de su prueba.
Eduardo B., uno de los procesados en esta causa, fue asesinado en Quito, por lo que la acción penal en su contra se extinguió. Formaba parte de la lista de testigos de Fiscalía.
Con base en la prueba actuada por Fiscalía, un Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia de Quitumbe, sentenció –en calidad de autores directos– a Jonathan P. y Jefferson M. El primero fue sancionado con una pena privativa de la libertad de veintiséis años, mientras que el segundo con cinco años, dos meses y doce días. José M., tercer procesado, fue condenado a ocho años, como cómplice del secuestro extorsivo con resultado de muerte de Miguel Ángel N.
