A raíz del asesinato de Leandro Norero Tigua en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General del Estado permitió obtener varias evidencias, que incluyen los dispositivos celulares con los que el ya fallecido (presunto líder de una organización delictiva dedicada –entre otras actividades ilícitas– al narcotráfico) habría montado su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros.
La noche del 13 y la mañana del 14 de diciembre, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecuta más de 75 allanamientos en varias provincias del país –con la participación de más de 900 personas- como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada en el contexto de hechos relacionados a corrupción y narcotráfico.
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Pasadas las 16:00 se instala la audiencia de formulación de cargos contra los 31 detenidos durante los allanamientos lideras por Fiscalía en varias provincias. La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, expone –ante el juez nacional Felipe Córdova– los elementos de convicción recabados contra los involucrados.
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Luego de 27 horas de audiencia, aproximadamente, el juez Felipe Córdova acoge en parte el pedido justificado de Fiscalía y dicta prisión preventiva para 16 de los involucrados, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, quien a la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como juez nacional).
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Luego de más de 12 horas de audiencia, Fiscalía vincula a 8 personas a la instrucción fiscal por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Hasta el momento son 39 procesados en esta causa.
El juez Felipe Córdova, acogiendo en parte el pedido justificado de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, dicta prisión preventiva para Xavier J., Cristian R., Daniel S., Fabián C. y Jairo V., mientras que para Carlos Z., Víctor A. y Fernando G. dispone presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
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La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, vincula a trece personas más a la instrucción fiscal del caso Metástasis.
Juez Nacional Felipe Córdova dicta prisión preventiva para Ronny Xavier A., Marcel Adrián L. Ángel Eduardo L. y Carlos Xavier M. Para los dos primeros, ya que Fiscalía justificó que se encuentran fuera del país, ordena que se oficie a la Interpol para que se emita una difusión roja a nivel internacional para su ubicación y captura.
Para los procesados: Juan Pablo J., Doris Soraya O., Romel David T., Elio Ernesto A., Myrian Alejandra D., María Yanina V., Eduardo Alejandro R. y Katherine Pilar G dispone presentaciones periódicas cada 15 días y prohibición de salida del país. Claudia Milena G. (ciudadana colombiana) deberá presentarse una vez al mes en la Corte Nacional de Justicia en Quito.
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Ante el juez Felipe Córdova, Mayra S., Helive A. (procesados), Marcelo L. y Lidia S. (testigos protegidos) rinden su testimonio anticipado dentro del proceso en el que la Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de delincuencia organizada.
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Con la presencia del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, se instala la audiencia de apelación a las medidas cautelares. Luego de escuchar las argumentaciones de los recurrentes, el Juez ponente suspende la diligencia para analizar lo expuesto por las partes procesales.
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Luego de analizar los argumentos expuestos por las partes procesales en la audiencia de revisión de medidas cautelares, Juez acoge el pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, y niega las solicitudes de Héctor P., Helive A., Sofía G., Wilman T., César A., María José A., Ángel Eduardo L. (quienes deberán seguir con prisión preventiva) y Claudia G. (cuyas presentaciones periódicas deberán cumplirse en la Corte Nacional, en Quito). Además, debido al incumplimiento de la presentación periódica dispuesta previamente, y por pedido de Fiscalía, se dictó prisión preventiva para Eddin I., Johan M. y Ángel Harry L.
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En la reinstalación de la audiencia de apelación a las medidas cautelares, Tribunal de la Corte Nacional acoge el pedido de la Fiscalía General del Estado y ratifica la prisión preventiva dictada contra Santiago Z., Xavier N., Jairo V., Christian R., Carlos M., Marcel L. y Ronny A.
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Luego de valorar los elementos presentados por el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, Juez de la Corte Nacional sentencia a Gabriel Genaro G. C., a cuarenta meses de pena privativa de libertad. Él se sometió a un procedimiento abreviado, aceptando su responsabilidad –como autor directo– en el delito de delincuencia organizada.
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Luego de acogerse al procedimiento abreviado, el coronel de Policía Neycer Lenin M. S. (jefe del Distrito Samborondón) es sentenciado a cuarenta meses de pena privativa de libertad, como autor directo del delito de delincuencia organizada.
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Helive Paúl A. B. (operador de Leandro Norero) acepta su participación en el delito de delincuencia organizada y es sentenciado a quince meses de pena privativa de libertad, debido a que también firmó un acuerdo de cooperación eficaz. Juez de la Corte Nacional de Justicia anuncia su decisión, con base en lo expuesto por el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga.
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En audiencia de procedimiento abreviado, Christian Gabriel S. C. acepta su participación en el delito de delincuencia organizada. El Magistrado de la Corte Nacional de Justicia acoge el pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, declara culpable al procesado y dispone el pago de una multa y de una reparación integral al Estado.
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Héctor David P. F. se acoge al procedimiento abreviado y acepta su participación en el delito de delincuencia organizada: es sentenciado a treinta meses de pena privativa de libertad, debido a que también firmó un acuerdo de cooperación eficaz.
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Luego de aceptar su responsabilidad en el delito imputado por Fiscalía, en audiencia de procedimiento abreviado, el juez Ángel Harry L. V. recibe una sentencia de cuarenta meses de pena privativa de libertad, en el grado de autor directo.
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Mediante procedimiento abreviado, Emerson Geovanny C. U. (juez) es sentenciado a cuarenta meses de pena privativa de la libertad por su participación en el delito de delincuencia organizada.
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Álex Francisco P., exfuncionario judicial, se acoge al procedimiento abreviado y acepta su participación en el delito de delincuencia organizada. Juez lo sentencia a quince meses de pena privativa de libertad, ya que también firmó un acuerdo de cooperación eficaz y proporcionó información precisa, verídica y comprobable que ayudó al esclarecimiento de los hechos.
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Juez dicta sentencia de quince meses de privación de la libertad contra Mayra Carolina S. M., quien aceptó los hechos que la Fiscalía General del Estado le atribuyó por su participación en el delito de delincuencia organizada.
Se aplica la reducción de la pena al haberse sometido al procedimiento abreviado y a qué firmó un convenio de cooperación eficaz, a través del cual proporcionó información precisa, verídica y comprobable, que ayudó al esclarecimiento de los hechos, y a la apertura de, al menos, una causa más, también relacionada con actos de corrupción en el Sistema de Justicia.
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En audiencia de procedimiento abreviado, el Juez de la Corte Nacional de Justicia impone cuarenta meses de privación de libertad a Daniel S., puesto que aceptó su participación en el delito de delincuencia organizada.
En la diligencia, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, expuso veintidós elementos de convicción. Así, Daniel S. se convierte en el décimo sentenciado en esta causa.
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Cristian Reinaldo Ch. es el undécimo sentenciado en el Caso Metástasis. Luego de confirmar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y de escuchar la aceptación de los hechos por parte del imputado, el juez Manuel Cabrera lo declara culpable de delincuencia organizada, sentenciándolo a cuarenta meses de prisión.
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El procesado César Manuel A. –quien aceptó y suscribió un acta de procedimiento abreviado respecto a su participación en el hecho investigado–, retira su pedido de someterse a este proceso, tras la exposición de los elementos de convicción de Fiscalía durante la audiencia.
El juez nacional, Manuel Cabrera, decidió que su situación jurídica deberá resolverse en el procedimiento ordinario.
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El ex juez provincial de Guayas, Adolfo Richart G. G., es sentenciado a una pena privativa de la libertad de cuarenta meses. Él aceptó los hechos que la Fiscalía General del Estado le atribuyó, por su participación en el delito de delincuencia organizada.
En la audiencia, el fiscal general de Estado (s), Wilson Toainga, enumeró los treinta elementos de convicción con los que acreditó su autoría directa.
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Se instala la audiencia preparatoria de juicio del Caso Metástasis. En la primera parte de la diligencia, las defensas de los 37 procesados alegan presuntos vicios en el proceso de investigación, buscando la nulidad del mismo.
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Concluye la exposición de las defensas de los procesados. El fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, rebate todos los argumentos presentados durante la audiencia y solicita que se declare la validez de todo lo actuado hasta el momento.
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En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, el juez Manuel Cabrera declara la validez de todo lo actuado hasta el momento. El fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, inicia con la presentación de su dictamen acusatorio contra los 37 procesados.
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El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, concluye con la presentación de su dictamen acusatorio. Con base en los 340 elementos de convicción expuestos contra de los 37 procesados, solicita que todos sean llamados a juicio por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
La diligencia continúa con la intervención de las demás partes procesales.
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Luego de escuchar la intervención de todas las partes procesales, el Juez Manuel Cabrera suspende la audiencia preparatoria de juicio y señala que informará oportunamente la fecha para reinstalar la diligencia, en la cual informará si llama o no a juicio a los 37 procesados por delincuencia organizada.
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Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el juez Manuel Cabrera llama a juicio a treinta procesados al considerar que existen presunciones suficientes y fundadas de su participación en el delito de delincuencia organizada. Además, dicta sobreseimiento a favor de otros siete.
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Se instala la audiencia de juicio contra veintiún procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Durante su alegato de apertura, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, aseguró que las pruebas que se presentarán a lo largo de la diligencia demostrarán la responsabilidad y el grado de participación de los integrantes de la presunta red criminal.
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Concluye la presentación de pruebas de Fiscalía. Durante 18 días, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, convocó a 33 testigos y peritos, e incluyó 73 pruebas documentales, con las cuales se demostrará la responsabilidad de los 21 procesados en esta causa.
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Presentación de los alegatos de cierre de Fiscalía y demás partes procesales.
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Con la presencia del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, se reinstala la audiencia de juicio por presunta #DelincuenciaOrganizada. El Tribunal dicta sentencia.
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