En octubre de 2021, la Fiscalía General del Estado abre una investigación previa por un presunto delito de lavado de activos.
Luego de siete meses de trabajo, por parte de la Unidad de Antilavado de Activos de la FGE –en coordinación con la Policía Nacional–, se ejecutan diecinueve allanamientos en Guayas, Manabí y Santa Elena, donde se recaban varios indicios, entre ellos: 6’455.537 dólares en efectivo (cuya procedencia no pudo ser justificada), lingotes de oro y armas de fuego.
Uno de los procesados, Leandro Antonio N. T., enfrentó, en 2014, un proceso penal en Perú por el delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, pero se hizo pasar por muerto, logrando así que se extinguiera la acción penal que se seguía en su contra y, además, que se levanten las órdenes de captura de Interpol que pesaban sobre él.