En junio de 2019, José Raúl de la T. y Roberto B. fueron detenidos por autoridades de Estados Unidos, por delitos relacionados con lavado de activos. Con esta información, Fiscalía inició una investigación previa y practicó varias diligencias aplicando técnicas especiales y asistencia penal internacional, a través de las que se evidencia que un grupo de funcionarios públicos y personas particulares habrían conformado una estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.
Esta organización –cuyos líderes ocupaban altos cargos públicos– habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa NOLIMIT S. A., entre 2017 y 2020.
Fiscalía ejecuta un operativo en el que, en coordinación con distintas unidades de la Policía Nacional –y liderados por la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez–, se movilizan a distintos puntos de Quito, Guayaquil y Samborondón, en el marco de una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionado con una supuesta trama de corrupción.
Nueve personas son detenidas, entre ellas el contralor (s) Pablo C. y el exsecretario general de Presidencia, José A. B.; mientras que otras tres son retenidas, por ocho horas, para investigaciones.
Entre los elementos incautados se cuentan 93.562 dólares en efectivo, hallados en los inmuebles donde se ejecutan las órdenes de allanamiento.
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Juez nacional Felipe Córdova acoge el pedido de la Fiscal General del Estado y dicta orden de prisión preventiva contra Pablo C., contralor general del Estado (s), y su hermano Esteban C.; José A. B., exsecretario general de la Presidencia de la República, y su hermano Luis A. B.; Silvia L., Ángelo R. y Andrés L., por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Mientras que para la procesada Natalia C. se dictan medidas sustitutivas como presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico; y, para Elsie C., se ordena que se gire la boleta de libertad. Además, el Magistrado dispone la inmovilización de las cuentas de los procesados y la prohibición de enajenar bienes.
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Se instala audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Pablo C., excontralor general del Estado (s), y su hermano Esteban C.; José A., exsecretario general de la Presidencia de la República, y su hermano Luis A.; Silvia L., Ángelo R. y Andrés L., a quienes Fiscalía procesa por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, hace un recuento de los elementos de convicción presentados el pasado 14 de abril (en la audiencia de formulación de cargos) que justifican la medida y señala que existe riesgo procesal para la investigación de este caso, por lo que pide a los jueces que se niegue la solicitud de los 7 procesados.
La audiencia se reinstalará el 13 de mayo (12:30).
Fiscalía vincula a 5 personas más a este proceso
Fiscalía vincula al exgerente de Petroecuador, Pablo F., su padre Marco F., Roy C., Álvaro de G. y Pedro S. al proceso en que se investiga presunta delincuencia organizada.
Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, presenta treinta y cinco elementos de convicción, entre los que constan versiones que dan cuenta de la solicitud de dineros indebidos, informes de materialización de audio y video en el que constan conversaciones sobre pagos a miembros de la organización, oficios, transferencias, informe de la Asistencia Penal Internacional, movimientos migratorios, entre otros.
Al finalizar la diligencia, y pese a que el pedido de Fiscalía fue debidamente justificado, el juez Felipe Córdova dicta medidas alternativas a la prisión preventiva contra los procesados y dispone la prohibición de salida del país, presentación periódica una vez por semana y la colocación de dispositivo de vigilancia electrónica para Pablo F., Marco F., Álvaro de G. y Pedro S. Mientras que para Roy C. se ordenó la presentación una vez cada tres semanas.
En cuanto a las medidas de carácter real, ordena la prohibición de enajenar bienes para todos los procesados y la inmovilización de las cuentas para Pablo F., Roy C., Álvaro de G. y Pedro S.
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Con base en los argumentos presentados por la Fiscal General del Estado, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, rechaza la solicitud de revocatoria y sustitución de medidas cautelares, y ratifica la orden de prisión preventiva contra los procesados Pablo C., contralor subrogante, y Luis A., procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Además, la fiscal general Diana Salazar incorpora varios elementos de convicción, como documentos y chats, producto de las pericias de desmaterialización de los dispositivos electrónicos que se encuentran en cadena de custodia.
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El juez nacional Felipe Córdova rechaza la solicitud de sustitución de medidas presentada por Esteban C., procesado por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, por no cumplir los requisitos del artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Por otro lado, dispone al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) que se mantenga informado al Juez sobre el seguimiento que se dé al estado de salud del procesado.
Esteban C., hermano del contralor general subrogante, Pablo C., deberá continuar en prisión preventiva.
Fiscalía vincula al proceso por presunta delincuencia organizada a Martha B., cónyuge del empresario Roberto B. –quien fue detenido y condenado en Estados Unidos por participar en una red de corrupción en Petroecuador– y Daniel O., exgerente de Refinación de EP Petroecuador.
Al finalizar la audiencia, el juez Felipe Córdova dispone prisión preventiva para Daniel O., exgerente de Refinación de Petroecuador E. P., mientras que para Martha B. ordena presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico.
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El juez nacional Felipe Córdova niega la sustitución de medidas para Marco F., procesado por delincuencia organizada. Sin embargo, privilegiando su derecho a la salud, ordena la suspensión temporal del dispositivo de vigilancia electrónica, por pedido de su defensa.
Una vez que se le haya dado el alta médica, el dispositivo tendrá que ser colocado nuevamente al procesado y deberá continuar cumpliendo con las medidas cautelares dispuestas por el juzgador. Es decir, presentación periódica ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.
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En la Corte Nacional de Justicia, se instala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 13 personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Durante la diligencia, las defensas solicitan la nulidad de lo actuado en el proceso. Sin embargo, Fiscalía fundamenta su respuesta a esas alegaciones y señala que nunca se violentó el debido proceso y que se trabajó en apego a la Ley y la Constitución.
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Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, el juez nacional Felipe Córdova llama a juicio a Pablo C., excontralor (s); su hermano Esteban C., Luis A., hermano del exsecretario general de la Presidencia; Pablo F., exgerente de Petroecuador; y, nueve personas más por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, en calidad de autores.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, sustentó su dictamen en los elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal, etapa en la que se determinó que los procesados formaron un grupo organizado, por medio de un acuerdo entre funcionarios de gobierno de alto nivel y varios colaboradores –funcionarios públicos y privados–, y planificaron obtener beneficios económicos, a través del desvanecimiento de glosas.
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Luego de varios diferimientos, se instala la audiencia de juicio contra 11 de los 13 procesados (2 están prófugos) por delincuencia organizada.
Durante la presentación del alegato de apertura, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, señala que se probará la responsabilidad de los acusados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
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Concluye la presentación de los alegatos de apertura por parte de los sujetos procesales. La Fiscal General del Estado expone que entre 2017 y 2020, se habría conformado un grupo estructurado de trece personas, entre funcionarios de alto nivel de instituciones como la Contraloría General del Estado, Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia de la República, y personas particulares con el propósito de obtener un beneficio económico proveniente del 20% del pago de una factura de 20’345.609,60 dólares que Petroecuador EP adeudaba a la empresa Nolimit C. A.
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Fiscalía inicia con la práctica de su prueba, solicitando al Tribunal la reproducción de los testimonios anticipados obtenidos durante el proceso de esta causa, en los que se hace una descripción de los hechos investigados y la forma en que los procesados habrían conformado un grupo organizado para obtener beneficio económico de la empresa Nolimit.
Luego de varias dilaciones, se reinstala –en su octavo día– la audiencia de juicio. La Fiscalía General del Estado continúa con la presentación de elementos probatorios, para confirmar su teoría del caso, sobre la responsabilidad de los 11 procesados en el delito de delincuencia organizada.
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Durante el desarrollo de la audiencia de juicio contra 11 personas por presunta delincuencia organizada, Fiscalía presentó varios informes periciales que dan cuenta del modus operandi de esta estructura delincuencial.
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Continúa la audiencia de juicio contra 11 procesados por presunta delincuencia organizada. Hasta el momento (decimoséptimo día), se han evacuado 6 testimonios anticipados, un testigo y dos peritos.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, luego de suspender la diligencia, dispone que la audiencia se reinstale el martes 16 de agosto.
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Continúa la audiencia de juicio
Hasta el vigésimo cuarto día de audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado ha presentado 6 testimonios anticipados, 2 testigos y 9 peritos, que corroboran la teoría del caso dentro del proceso que –por presunta delincuencia organizada– se sigue contra 11 personas, entre ellas el excontralor Pablo C.
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Audiencia de juzgamiento
En el trigésimo día de audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado concluye con la presentación de su prueba: 31 testimoniales y 24 documentales para probar que los procesados cometieron el delito de delincuencia organizada
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La audiencia de juzgamiento por presunta delincuencia organizada continuó entre el 21 y el 23 de noviembre de 2022, con la presentación de la prueba de las defensas.
En el trigésimo octavo día de audiencia, la fiscal general del Estado contrainterroga a Pablo C., excontralor subrogante y procesado en esta causa, quien evitó responder preguntas relacionadas a los chats materializados de su teléfono celular.
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Hasta el momento, 9 de los 11 procesados han concluido con la presentación de su prueba, que no han logrado desvirtuar la teoría del caso de Fiscalía General del Estado.
El Tribunal convocó la reinstalación de la audiencia de juicio para el martes 7 de diciembre de 2022.
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En su alegato de cierre, la Fiscalía General del Estado solicita la pena de 13 años y 4 meses de prisión para Pablo C. y Pablo F., 9 años y 4 meses para Natalia C. y Daniel O., 7 años para Luis A. B., Esteban C., Álvaro de G., Andrés L., Silvia L. y Ángelo R., mientras que para Martha B., pena reducida de 6 meses, debido a la cooperación eficaz.
Tribunal suspende la audiencia y se retira para deliberar.
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Tribunal de la Corte Nacional dicta sentencia contra 11 procesados en el caso Las Torres. El excontralor Pablo C. y Pablo F. son condenados a 13 años y 4 meses de cárcel, en calidad de autores y por lo tanto líderes de un grupo estructurado, cuyo fin consistía en obtener beneficios económicos, gestionados a cambio del desvanecimiento de glosas y pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa Nolimit S. A., entre 2017 y 2020.
Además, Natalia C., exasesora de la Gerencia de Petroecuador; y Daniel O., exgerente de Refinación de Petroecuador; reciben la sentencia de nueve años y cuatro meses de pena privativa de libertad por su condición de funcionarios públicos.
Mientras que para Luis A. B., Esteban C., Álvaro de G., Andrés L., Silvia L. y Ángelo R. se impone la pena de siete años de prisión por sus acciones de colaboración en el delito de delincuencia organizada.
Por su parte, Martha B. recibe la pena reducida de seis meses de prisión, debido a la cooperación eficaz.
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