La investigación de Fiscalía determinó que, presuntamente, los procesados actuaron en contra de expresa disposición legal al adjudicar la contratación de 7.000 kits de alimentos que debían ser entregados a la población afectada por la emergencia sanitaria por Covid-19; y que la inobservancia a la normativa se evidencia al no considerar el mejor costo para el Estado, no contar con los estudios de mercado respectivos y no verificar la capacidad legal de contratar por parte del posible adjudicatario, que había cambiado su actividad económica el mismo día en que presentó su oferta.