Caso Juliana C.: Fiscalía acusó a Jonathan C. como responsable de secuestro extorsivo con muerte

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 162-DC-2019

Quito, 02 de julio de 2019.- Con las teorías fáctica y jurídica del caso, planteada por la fiscal investigadora Mayra Soria, se instaló la audiencia de juzgamiento en contra del ciudadano Jonathan C., procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte, de la joven Juliana C.

La diligencia se desarrolla desde las 08:30 de este martes 2 de julio, en el undécimo piso del Complejo Judicial Norte, ante la jueza ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en Iñaquito, Sara Costales.

Alegato de apertura

La Fiscalía, en su alegato, afirmó que la mañana del 7 de julio de 2012, Juliana abordó con engaños el auto de Jonathan C., a la altura de la calle Ajaví, en el sur de Quito. Después, la joven fue llevada en contra de su voluntad hasta un autohotel, donde el acusado tenía como propósito “accederla carnalmente”.

Horas más tarde tuvieron una discusión y Juliana murió en manos de Jonathan C, quien después se deshizo del cuerpo, arrojándolo a la quebrada de Bellavista, ubicada al norte de Quito. “Se demostrará que hubo planificación y ejecución por parte de Jonathan C., una persona que ejercía autoridad sobre la víctima y que era parte de su entorno íntimo”, enfatizó la Fiscal.

‘Desfile’ probatorio del primer día

Para sustentar la teoría del caso, la fiscal Soria anunció la presentación de sesenta y un testigos y veintiséis pruebas documentales. Hasta el cierre de esta edición (17:00), la Fiscalía presentó a doce testigos, entre ellos el padre, la madre y amigos de la víctima; las peritos psicóloga y de entorno social, y los agentes investigadores del caso.

Durante la audiencia se llevó a cabo el interrogatorio y el contrainterrogatorio, a cargo tanto de Fiscalía, como de los abogados de los acusadores particulares y de la defensa del procesado. La información extraída a los testigos del entorno familiar y social de Juliana apuntaron a que Jonathan C., como pastor de jóvenes de la iglesia Oasis de Esperanza –a la que asistía la víctima–, ejerció manipulación y coerción sobre las decisiones de la vida de la joven.
Le exigía que le consulte o le solicite permiso para salir al cine, irse unos días más de vacaciones con su padre, salir con algún amigo hasta la parada del bus y hasta tener relaciones de amistad o de pareja.

Si Juliana no pedía permiso, era castigada con la separación del coro de jóvenes de la iglesia. “El canto era una de las cosas más importantes para ella”, dijo uno de los testigos del entorno de pareja de Juliana.

Se reveló que un quiebre importante en las relaciones entre la familia de Juliana y el grupo familiar que dirigía la Iglesia fue que la joven recibió presiones para que no estudiara en el exterior y contrajera matrimonio con Israel C., hermano del procesado.

Para convencerla, Jonathan C. creó un perfil falso de Facebook con el nombre Juan Solano, psicólogo evangélico, cuyos consejos eran muy similares a los que les daba Jonathan C., según uno de los testigos del entorno social.

Cuando su familia reparó en que este tipo de presiones hacia su hija, por parte de los pastores, estaba desbordado y fuera de lugar, decidieron separarse de la Iglesia.

Por su parte, los peritos coincidieron en que las ocho versiones entregadas por el procesado a la Fiscalía contienen contradicciones, como el afirmar que no la vio el 7 de julio de 2012 y luego aceptarlo. Otra fue el aceptar que él era Juan Solano, cuando lo había negado.

Otro cambio en la versión estuvo en el supuesto “sigilo de confesión”, que Juliana le había pedido mantener cuando se había presentado en su lugar de trabajo, el 9 de julio de 2012 (dos días después de reportada su desaparición), para pedirle prestada su computadora.

Los investigadores afirmaron que durante sus pesquisas se develó que el entorno evangélico no utiliza este “sigilio”, porque es propio del catolicismo.

Hasta las 18:00, la audiencia continuaba en el Complejo Judicial Norte. Se prevé que Fiscalía avance en esta primera jornada de juzgamiento con la evacuación de veinticinco testigos.

Información de interés

Más 1.242 diligencias trabajó la Fiscalía durante el proceso de investigación. De estas, 592 fueron ordenadas por Mayra Soria, fiscal que lleva el caso desde finales de 2017, y ejecutadas por los agentes de la Dinased-UD.

El total de diligencias contiene cuarenta y siete delegaciones a agente investigador, treinta autorizaciones judiciales, 276 versiones, 139 pericias, nueve reconstrucciones de los hechos, cinco allanamientos, 695 diligencias varias y treinta y siete búsquedas, veinte de las cuales se instalaron en la quebrada de Bellavista, tras la versión libre y voluntaria que dio el procesado.

 

 

 

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