Fiscalía investiga un presunto delito de delincuencia organizada. Diecinueve personas, entre ellas dos exasambleístas y un exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), formarían parte de una estructura de corrupción que habría operado en el proceso de construcción del Hospital de Pedernales.
Fiscalía lidera el operativo “Fortuner”, con apoyo de la Policía Nacional, en el que se ejecutan seis allanamientos, que dejan como resultado nueve personas detenidas y el decomiso de 1’694.720,80 dólares (1’032.529,10 en cheques y 662.191,70 en efectivo), armas de fuego y otros elementos, presentados más tarde en la audiencia de formulación de cargos.
Fiscalía procesa a 9 personas, que fueron detenidas en los allanamientos ejecutados en Manabí.
Jueza de Garantías Penales de esa provincia dicta prisión preventiva para Franklin C., José V., Danilo V., José S., José P., Jean B. y Miguel G., mientras que para Esteban V. y Mario O. dispone medidas alternativas.
Fiscalía presenta como elementos de convicción: informes de interceptación telefónica y de triangulación de llamadas, que determinan la relación entre los procesados; el informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), que da cuenta de su actividad económica y de la relación con la construcción del Hospital de Pedernales; un informe de BanEcuador que hace referencia al movimiento de dinero de la cuenta para la construcción del mencionado hospital y el retiro de más de 100.000 dólares en cheques cobrados por los procesados, dos de ellos servidores públicos. Además del informe de inspección ocular técnica del lugar de los hechos y de levantamiento de evidencias, entre las que constan 1’694.720,80 dólares (1’032.529,10 en cheques y 662.191,70 en efectivo), documentación relacionada con la investigación, equipos electrónicos y armas de fuego.
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La Fiscalía General del Estado formula cargos contra seis personas, entre ellas el exasambleísta Daniel M.; Eduardo T., exdirector del Servicio de Contratación de Obras; Jorge J. y Franklin C. y Olga M., quienes fueron detenidos la madrugada del 5 de junio en un operativo liderado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, en varios allanamientos ejecutados en Portoviejo, Bahía de Caráquez y Quito.
Durante la diligencia, Diana Salazar, fiscal general del Estado, presenta como elementos de convicción: memorandos, partes policiales sobre la presunta estructura delincuencial y peritajes de intercambios de chats, en los que se señala que dos de los procesados rendían cuentas y se reunían con el asambleísta Daniel M.; además de escuchas telefónicas, en las que se detalla la manera en la que se concertaba la entrega de cheques y dinero.
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Por unanimidad, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Iván Saquicela, Daniella Camacho y David Jacho, rechaza el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por Daniel M., Jennifer C. y Tania S..
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La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, formula cargos contra el legislador por la provincia de Sucumbíos, Eliseo A., y doce personas más, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Entre los procesados también están: Jorge J., subdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); Jean B., exasesor de Daniel M.; además de Pablo C., Danny C., Franklin C., Miguel G., José P., José S., José V., Danilo V., Mario O. y Esteban A.
El juez nacional Marco Rodríguez acoge el pedido de Fiscalía y dicta prisión preventiva para todos, la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes por 8 millones de dólares. Además, dispone que la Policía Nacional localice y detenga a los procesados Jorge J., Mario O., Esteban A. y Eliseo A.
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Por unanimidad, el Tribunal Nacional Penal, conformado por los jueces Iván Saquicela, Daniella Camacho y David Jacho, rechaza el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por el exasambleísta Eliseo A. y seis personas más, procesadas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
A finalizar la audiencia –y ante la contundencia de los elementos presentados por Fiscalía–, el Tribunal ratifica la medida cautelar en contra de seis de los procesados y declara el abandono del recurso interpuesto por una más.
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El juez nacional Marco Rodríguez niega los pedidos de sustitución y revocatoria de medidas cautelares presentados por los procesados Danny C. y Pablo C.
En su intervención, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, señala que no se ha desvanecido la responsabilidad penal de ninguno de los recurrentes. Añade que, en el caso de Pablo C., si bien rindió su versión, no aportó elementos nuevos a la investigación, por lo que se ratifica la teoría de Fiscalía en esta causa. Respecto a Danny C., puntualiza que, a pesar de que habría emitido un informe que recomendaba la no contratación de la obra con el Consorcio Pedernales, habría terminado suscribiendo el contrato, por lo tanto, también formaría parte de la estructura de corrupción.
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El juez nacional Marco Rodríguez sustituye –por mandato legal– la prisión preventiva por arresto domiciliario, colocación de grillete electrónico y prohibición de salida del país para el procesado Edmundo T., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), mientras que para Ángel A. ratifica la prisión preventiva.
El Magistrado acoge el pedido de Fiscalía y señala que la situación del procesado Edmundo T. varió al pertenecer a un grupo de atención prioritaria, contemplado dentro de la Constitución de la República, en sus artículos 51 y 38, y en el artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El juez Rodríguez sustituyó la prisión por arresto domiciliario, colocación del grillete electrónico, prohibición de salida del país y vigilancia periódica, cada ocho días.
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El exasambleísta Daniel M. rinde testimonio anticipado. Señala que estableció un nexo con el exasambleísta Eliseo A., quien tenía a René T. como director del Secob, persona de su entera confianza. Durante ese proceso, Franklin C. estableció contacto con su asesor Jean B., con la petición de llegar a Eliseo A., y así tener algún nivel de participación en la construcción del Hospital de Pedernales, a través de René T.
Daniel M., además, aporta datos sobre cómo se repartió parte del anticipo para la construcción de la obra. Detalla sobre la práctica de ofrecer espacios políticos a cambio de disciplina parlamentaria, lo que se habría practicado en este periodo en diferentes momentos, no solo para la aprobación de leyes, sino también en procesos de juicios políticos.
Agrega que Jean B., por pedido de Daniel M., entregó dinero a Eliseo A. en su domicilio, dentro de una maleta. Ese día, él estaba con René T. y lo recibieron juntos. Con la ayuda de Miguel G. se hizo posible que se efectivizaran los cheques de Eliseo A., como parte de una negociación por una ley que se tramitaba.
En su testimonio anticipado, Franklin C. confirma que entregó dinero a cuatro asambleístas: Raúl T., Washington P., María Mercedes C. y Franco R. Asegura tener respaldos de las conversaciones que mantuvo con las personas mencionadas sobre estas operaciones.
El procesado José V., principal accionista del Consorcio Pedernales Manabí, también rinde su testimonio anticipado y señala haber entregado 1´660.000 dólares, que fueron cobrados a través de cheques y 320.000 dólares que no lograron ser efectivizados.
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El exdirector del Servicio Nacional de Contratación de Obras (Secob), René T., señala que “en un encuentro con el asambleísta Eliseo A. le comenté que estaba buscando trabajo […]. En agosto de 2019 recibí la llamada y me informaron que había sido seleccionado para ocupar el cargo de director del Secob. Pensé que era por mi experiencia”.
Añade que, posteriormente, el ex Legislador le pidió separar al subdirector de la Institución y le hicieron llegar la carpeta de Jorge J. (también procesado).
Asegura que la adjudicación del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales no tuvo reclamos de autoridades ni de sociedad civil que acompañaron el proceso, y que el subdirector del Secob, Jorge J., estuvo al frente de la contratación, a quien responsabilizó de haber pactado una “coima” en torno al contrato, en un “acto que [él] desconocía”.
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Ocho de los procesados se acogen al procedimiento abreviado y admiten el delito imputado, según el artículo 635 del COIP.
El juez Marco Rodríguez sentencia a una pena privativa de libertad de 50 meses al exasambleísta Daniel M.; de 40 meses, a Jennifer C., excoordinadora zonal del Secob, Ángel A. y José S.; y, de 34 meses, a Edmundo T., exdirector del Secob, Jean Carlos B., Franklin C. y José V., como autores del delito de delincuencia organizada.
Ordena, además, que Daniel M., Jennifer C., Ángel A. y José S. cancelen una multa de 10 salarios básicos unificados, mientras que Edmundo T., Jean Carlos B., Franklin C. y José V. paguen 4 salarios básicos unificados.
Inicia la audiencia de juicio, por el presunto delito de delincuencia organizada, contra Danilo V., Pablo C. y Dany C.
En su alegato de apertura, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, identifica como presuntos autores directos de esta infracción a los tres procesados, quienes se encuentran privados de la libertad, mientras que el exasambleísta Eliseo A. y el exsubdirector del Servicio Nacional de Contratación de Obras (Secob), Jorge J., no han podido ser ubicados por las autoridades y se encuentran prófugos.
La doctora Salazar señala, en su intervención, que Fiscalía probará que –entre los años 2019 y 2020, en Pichincha y Manabí– se consolidó una estructura organizada liderada por los exlegisladores Daniel M. y Eliseo A., los exdirectivos de Secob, Edmundo T. y Jorge J., y once personas más, que coordinaron acciones para beneficiarse de recursos del Estado, destinados a la construcción del Hospital de Pedernales.
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Tribunal de la Corte Nacional de Justicia –por unanimidad– sentencia a Pablo C. y Dany C. a cinco años de privación de libertad como coautores del delito de delincuencia organizada. Mientras que, por voto de mayoría, a Danilo V. se le ratificó el estado de inocencia.
Además, dispone que los sentenciados paguen una multa de doce salarios básicos unificados e informó que el monto de la reparación integral se conocerá cuando se notifique la sentencia por escrito.
También ordena la publicación de la sentencia en los sitios web de las instituciones públicas que fueron afectadas por el delito y la publicación de la parte resolutiva del fallo en tres medios de comunicación de amplia difusión nacional, a costa de los acusados.
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Tribunal Penal de Corte Nacional rechaza los recursos de apelación solicitados por 8 procesados en esta causa y ratifica la sentencia de primera instancia, en calidad de autores del delito de delincuencia organizada.
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Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declara improcedentes los recursos de casación interpuestos por el exasambleísta Daniel M. y Edmundo T., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), sentenciados como autores del delito de delincuencia organizada. En la diligencia también se negó el pedido de suspensión condicional de la pena solicitado por Jennifer C., excoordinadora zonal del Secob.
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