Caso Helicópteros Dhruv: 3 personas más son vinculadas al proceso penal por presunto peculado
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 019-DC-2022
Quito (Pichincha), 12 de enero de 2022.- Más de cuarenta y cinco elementos de convicción presentó la Fiscalía General del Estado para vincular a tres personas a la instrucción fiscal que se sigue por el delito de peculado en la adquisición de siete helicópteros Dhruv, en agosto de 2008.
Los procesados son Juan Antonio C., quien a la fecha de los hechos era representante legal de la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL); Alonso E., exjefe del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la FAE, y responsable de la recepción de las aeronaves; y, Jaime P., quien era jefe del proyecto de adquisición de los helicópteros.
El juez nacional Luis Rivera dictó para los procesados la prohibición de salida del país y presentación periódica. Además, les dispuso la prohibición de enajenar bienes inmuebles por un monto de 500 salarios básicos unificados. El plazo de la instrucción fiscal se extiende por treinta días más, tiempo en el cual –por disposición del magistrado– continúa la prohibición de enajenar los tres helicópteros Dhruv.
La audiencia de vinculación se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia y participó el fiscal General del Estado subrogante, Wilson Toainga, quien señaló que los hechos que se investigan tienen relación con el proceso de contratación para la adquisición de siete helicópteros para la FAE por parte del Estado ecuatoriano –a través del Ministerio de Defensa Nacional– a la empresa HAL, representada en el Ecuador por la compañía SUMIL C. A.
El objetivo era fortalecer el área operativa de la FAE con helicópteros de mediana capacidad y multipropósito, para que operen en todo el territorio nacional, las veinticuatro horas del día, y cumplan misiones de búsqueda, rescate, combate y transporte VIP.
Según Fiscalía, el proceso de contratación para la compra de las aeronaves por parte del Estado habría estado viciado desde la fase preparatoria hasta su ejecución. Además, considera que los funcionarios públicos infringieron el deber y la obligación de velar por la correcta administración pública, pues –arbitrariamente y haciendo uso de su función– erogaron 63’159.152,17 dólares en beneficio de la empresa adjudicada (HAL), a pesar de que no cumplía con varias especificaciones técnicas operacionales.
En este caso, el 6 de octubre de 2021, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra otras quince personas, entre ellas los exministros de Defensa Wellington S. y Javier P.
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