El 23 de diciembre de 2009, Fiscalía inició una indagación previa contra Javier P. y otros, con el objetivo de investigar un presunto delito de peculado por presuntas irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv.
Sin embargo, la investigación fue desestimada y archivada en 2016, por solicitud del exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, debido a que, a esa fecha, para iniciar un proceso penal era necesario el Informe con Indicios de Responsabilidad
Penal (IIRP) de la Contraloría General del Estado, requisito de procedibilidad que, posteriormente, fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en julio de 2019.