La investigación de Fiscalía comenzó en enero de 2024, tras haber recibido un Reporte de Actividades Inusuales e Injustificadas (ROII). Este informe señaló que un grupo de personas y familiares de Diego Iván J. T., funcionario de la UAFE, estarían teniendo ingresos injustificados de dinero. El funcionario ocupó altos cargos en esta entidad, incluso fue Director.
Este grupo familiar habría operado desde 2016, creando empresas que simulaban ser de remesas de dinero, en las que los ahora procesados eran accionistas mayoritarios y miembros del directorio. Dichas empresas habrían sido utilizadas para ocultar la procedencia de dinero ilícito.