La Fiscalía General del Estado inició –de oficio– una investigación previa, tras la emisión de un informe de examen especial por parte de la Contraloría General del Estado, relacionado con una adenda para la asignación de una frecuencia adicional otorgada a la Compañía CONECEL.

En dicho informe se estableció una responsabilidad civil culposa (glosa) por 111.906.514 dólares. A raíz de esta determinación, CONECEL presentó supuestos estudios respaldados por  informes elaborados por tres consultoras contratadas, los cuales sirvieron de base para que Pablo C., contralor general del Estado en ese momento, ordenara el desvanecimiento de la glosa, utilizando a Luis M., un funcionario que habría ejercido influencia sobre sus subalternos para llevar a cabo esta acción.

A pesar de que el analista a cargo del expediente se negó a desvanecer la responsabilidad civil, advirtiendo a Pablo C. que dicha acción sería ilegal, el ex Contralor ignoró la recomendación, lo que evidenciaría su conocimiento y voluntad en estos hechos.