Caso CEBI: nueva sentencia por abuso sexual contra profesor de entidad educativa

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 937-DC-2020

Caso CEBI: nueva sentencia por abuso sexual contra profesor de entidad educativa

Guayaquil (Guayas), 19 de octubre de 2020.- La Fiscalía del Guayas obtuvo nueva sentencia condenatoria contra Miguel Ángel P. N., profesor de la Unidad Educativa CEBI, procesado por el abuso sexual perpetrado contra una menor de 4 años (a la fecha de los hechos). Tribunal de Garantías Penales le impuso una pena privativa de libertad de trece años y cuatro meses.

En la audiencia de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Albán Borja, Fiscalía contó con la participación de diez testigos, entre ellos, los agentes aprehensores e investigadores, psicólogos, trabajadora social, familiares y el testimonio anticipado de la víctima.

Entre la prueba documental presentada constaron los informes de las valoraciones médicas y psicológicas practicadas a la menor, el de entorno social, genético y de reconocimiento del lugar de los hechos.

El Tribunal Penal, conformado por los jueces José Cañizares, Nebel Viera y Diógenes Cueva, consideró al procesado –por unanimidad– como autor directo del delito de abuso sexual.

Los magistrados impusieron, además de la condena, una multa de cuarenta salarios básicos unificados (16.000 dólares) y el pago de una reparación integral a la víctima de 10.000 dólares, así como el tratamiento médico-psicológico para la niña. El ya sentenciado también deberá emitir las debidas disculpas públicas.

Miguel Ángel P. N. está cumpliendo prisión por dos sentencias ya obtenidas por Fiscalía. Una de 5 años de pena privativa de libertad (a través de procedimiento abreviado) y otra de 13, ambas por abuso sexual.

Dato jurídico

El delito de abuso sexual está previsto en el artículo 170, inciso tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con privación de libertad de siete a diez años. En este caso se consideraron las agravantes indicadas del artículo 48, numerales 1 y 8 (cuando la víctima se encuentre bajo atención en establecimiento público o privado, y si el infractor tiene algún tipo de relación o poder sobre la misma), lo que aumentó la pena impuesta en un tercio.

 

 

 

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