Con base en un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal, emitido por la Contraloría General del Estado, en el que se observó el uso permanente de fondos públicos –de gastos especiales– desde la cuenta de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2013, Fiscalía constató una operación encubierta denominada “Caminito”.
En dicha acción, solicitada por Pablo R. Q., exsecretario de Inteligencia, habría existido un grupo de hackers que, al parecer, tenían información secreta de Fuerzas Armadas, Corte Nacional de Justicia, entre otras entidades del Estado. Además, habrían tenido en su poder las claves de acceso a correos electrónicos y cuentas personales de ministros de Estado, lo que colocaría al país en un alto grado de vulnerabilidad.