Caso ANT: Último grupo de procesados sentenciado a 3 años de prisión
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 425-DC-2019
Por este caso, en total trece personas han recibido sentencias condenatorias por asociación ilícita en el último año. La red delictiva vendía matrículas licencias y cambios de frecuencia.
Quito, 24 de septiembre de 2019.- Siete ciudadanos recibieron sentencia condenatoria de tres años de privación de libertad por el delito de asociación ilícita, con base en las pruebas que la fiscal Mariana López -y su equipo de trabajo de Fiscalía y Policía- levantaron durante la investigación, a propósito de los trámites irregulares en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Los ciudadanos sentenciados son: Vicente Patricio A., Luis Rubén C., Néstor David C., Richard Walter J., Edison Geovanny M. Sandra Monserrate V. y Santiago Rafael S., a quienes el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha también les ordenó pagar multas de diez salarios básicos unificados, por cada uno.
La audiencia de juzgamiento inició el 26 de febrero de 2019 y tras varios incidentes y dilaciones concluyó la tarde del 23 de septiembre de 2019, en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
Teoría del caso
Durante el juicio intervinieron diecisiete testigos peritos – tres de ellos de la Dirección General de Inteligencia (DGI) a través de su Unidad de Inteligencia Contrainteligencia y Coordinación Transnacional (UICCT)-, los demás de Criminalística, analistas de comunicaciones y afectados.
Con sus testimonios, la Fiscalía demostró que los procesados se asociaron de forma ilícita para cobrar entre ciento veinticinco dólares y treinta mil dólares por la tramitación ilegal de licencias profesionales de conducir; eliminación de multas de tránsito; restitución de puntos perdidos en las licencias; cambio de categorías de licencias; aumento de frecuencias de transportes interprovinciales, entre otros.
Estos trámites se ejecutaron con los códigos y contraseñas de funcionarios de la ANT que constaban en el sistema AXIS 4.0 de dicha institución. Para captar “clientes” ofertaban este “servicio” a través de las redes sociales o de mensajería instantánea. Las pericias de extracción de información de los teléfonos celulares, la intervención de llamadas, entre otras, demostraron esta afirmación.
El grupo delictivo operaba en Quito, Guayaquil y Babahoyo. Entre los enjuiciados se encuentran el exsecretario de la ANT y exfiscal del Guayas, Richard Walter J.; un policía en servicio activo, Edison Geovanny M. (recibía el dinero en su cuenta), y su conviviente Sandra Monserrate V. (tramitadora).
La instrucción fiscal por el caso “ANT” inició el 14 de diciembre de 2017. Para julio de 2018, cinco procesados se acogieron al procedimiento abreviado, es decir, admitieron el hecho punible y la pena. Fueron declarados autores de asociación ilícita y sentenciados a doce y veinte meses de prisión y al pago de multas entre cuatro y seis salarios básicos unificados. Las sanciones fueron impuestas con base en los artículos 635 y 636 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Otras quince personas quedaron con dictámenes abstentivos por no encontrarse elementos en su contra.
Operativo “Sinergia III”
La investigación previa por este caso se abrió el 24 de julio de 2017. Tras la recolección de suficientes indicios, la Fiscalía Provincial de Pichincha lideró el operativo “Sinergia III” la madrugada del 13 de diciembre de 2017, donde los ciudadanos ahora sentenciados fueron parte de los cincuenta y dos detenidos en cuarenta y ocho allanamientos realizados en diez provincias.
Del grupo de detenidos, veinticinco habrían sido funcionarios de la ANT, de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Esmeraldas, Ambato y Latacunga; además de cuatro policías activos y veintidós tramitadores, según los registros de la página electrónica de la Fiscalía General del Estado.
En dicho operativo se incautaron cuatro vehículos, más de veintiséis mil dólares, treinta y dos trámites de matriculación, setenta y nueve documentos de revisión vehicular, veinte placas, treinta y dos matrículas, más de cien especies en blanco, una máquina para imprimir licencias y veinte formularios de citaciones de agentes civiles.
Datos legales
La asociación ilícita sucede cuando dos o más personas se asocian para cometer delitos. Según el artículo 370 del COIP, se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Acogerse al procedimiento abreviado significa que aceptaron el hecho punible que se les atribuyó. Esto se aplica en delitos hasta con diez años de prisión.
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