Caso Ángel M.: Fiscalía reformula cargos contra policía en servicio pasivo
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1311-DC-2023
Quevedo (Los Ríos), 12 de diciembre de 2023.- La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos reformuló cargos para incorporar los delitos de ejecución extrajudicial y tortura, en el contexto de graves violaciones de derechos humanos, contra el teniente coronel de Policía en servicio pasivo (SP), Luis Enrique B. P., quien ya estaba procesado como presunto autor del asesinato de Ángel M.
En audiencia telemática, instalada la tarde de este 11 de diciembre de 2023, Fiscalía argumentó que, durante la instrucción fiscal, se encontraron nuevos elementos de convicción contra el procesado sobre presuntas torturas que se habrían infligido a la víctima antes de su muerte.
Versiones de familiares del hoy fallecido y de policías subalternos señalan que los agentes, dirigidos por Luis Enrique B. P., se llevaron a Ángel M., de 27 años, sin heridas. Sin embargo, cuando lo encontraron en la morgue –con un disparo en la sien realizado a menos de 50 centímetros de distancia–, presentaba golpes en su rostro. La autopsia médico-legal y su ampliación señalaron que recibió golpes ante mortem.
Con estos nuevos indicios, Fiscalía cuenta con más de sesenta elementos de convicción para sustentar su teoría del caso: el 28 de enero de 1990, los hermanos Ángel Francisco M. F. (agricultor de 27 años) y Pedro Ponfilio M. F. se trasladaban en una camioneta y antes de llegar al centro de Quevedo –en el marco de operativos antidelincuenciales–, un grupo de policías vestidos de civiles los detuvo.
A ambos se los habría trasladado hasta las instalaciones del Servicio de Investigación Criminal de la Policía (SIC) en la localidad, pero solo Pedro M. F. fue liberado. Cuando llegó a su casa, le informaron sobre la muerte de su hermano.
Paralelamente, Luis Enrique B. P. –entonces capitán de Policía– presuntamente ejecutó a la víctima en su oficina, de un disparo en la cabeza. Esto habría sucedido mientras interrogaba –a golpes– a Ángel M., para que “declarara” su participación en delitos de asalto y robo en carretera, y “entregara” al resto de la banda.
Los subalternos del capitán, también agentes del SIC, habrían envuelto el cadáver en una cobija para sacarlo de las instalaciones policiales en una camioneta y luego abandonarlo en la morgue del cementerio.
Luis B. P. habría ordenado a sus subalternos que le ayuden a encubrir el crimen, bajo la amenaza de darles el pase. Para esto, según la teoría fiscal, elaboró un parte policial justificando la muerte de Ángel M. en un tiroteo por intento de fuga.
La Corte Distrital de la Policía Nacional inició un proceso judicial contra de los involucrados en este hecho. El 7 de noviembre de 2002 se declaró auto de prescripción a favor de los imputados y se archivó la causa, dejando la muerte de Ángel M. en la impunidad.
Fiscalía también cuenta con informes de análisis de la tortura y ejecución extrajudicial en el derecho internacional de los derechos humanos, y los regímenes internacionales de protección de las víctimas – caso Ángel M.; Informe de Criminalística Integral, ampliación al protocolo de autopsia, informe de autopsia psicológica de la víctima, entre otros.
El juez la Unidad Judicial de Quevedo (provincia de Los Ríos) que conoce la causa, ratificó las presentaciones semanales del procesado ante Fiscalía y la prohibición de salir del país.
La instrucción fiscal de este caso se extiende por treinta días.
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