Fiscalía inició una investigación previa por una denuncia realizada por la Corte Constitucional, cuando revisó una acción de protección en contra de una entidad bancaria que habría vulnerado los derechos de seguridad jurídica y propiedad de varias compañías por la retención de cuentas.

La Corte Constitucional, en la sentencia 141-18-SEP-CC, remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado al considerar que la Corte Provincial de Guayas –a través de los jueces que actuaron en estas acciones–, desnaturalizaron la acción de protección al haberse concedido en contra de una decisión adoptada como parte de un proceso penal, incluso extralimitándose en sus competencias, ya que otro reformó ilegalmente la sentencia de apelación para extender sus efectos a personas que no estaban contempladas en las acciones jurisdiccionales.