Carlos Baca Mancheno: La Ley de Extinción de Dominio beneficiará al país
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 036-DC-2018
Quito, 30 de enero de 2018.- “Este es un reto importante, la Ley de Extinción de Dominio redundará en beneficio del país”, expresó el Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, al finalizar el encuentro internacional sobre “La Extinción de Dominio como mecanismo de Lucha contra la corrupción y el crimen organizado” realizado por la Fiscalía General del Estado, durante el 29 y 30 de enero en Quito.
Baca Mancheno agradeció la presencia de los fiscales de los diferentes países participantes y recalcó que “todas estas experiencias enriquecerán el debate legislativo en nuestro país”.
Este evento tuvo como objetivo debatir la aplicación de la extinción de dominio y compartir experiencias para combatir la corrupción que enfrenta la región.
La iniciativa de incorporar al sistema jurídico ecuatoriano, la extinción de dominio como una herramienta que ataca la ilicitud de los bienes producto del crimen organizado, ha sido impulsada por la Fiscalía General del Estado. En este contexto, el 20 de diciembre de 2017, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de “Ley de Extinción de Dominio”, para que el país tenga armas jurídicas efectivas para luchar contra la corrupción.
El pasado 17 de enero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el mencionado proyecto de ley y remitió el documento a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para que avoque conocimiento e inicie el trámite legislativo de rigor.
La lucha contra la corrupción es un tema de interés nacional que compete a toda la sociedad ecuatoriana por lo que es importante que en el debate de la Ley participen los diferentes sectores: profesionales, jueces, abogados, fiscales, asambleístas, representantes de la academia, del Ejecutivo y de todas las funciones del Estado.
Experiencias de otros Estados fortalecen iniciativa ecuatoriana
Durante dos días, Kenya Porcell, Procuradora General de Panamá y Presidenta de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP); Néstor Martínez, Fiscal General de Colombia; Thelma Aldana, Fiscal General de Guatemala, José Luis Pérez, Fiscal Regional de Chile y fiscales especializados de cada país intervinieron en los diferentes paneles. Las experiencias de otros Estados permitirán fortalecer el proyecto de Ley presentado por el Fiscal General, Carlos Baca Mancheno.
En el panel sobre “Garantías y Derechos”, Baca Mancheno, insistió en que la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio significa “atacar una de las raíces del problema, sino solo vamos a combatir los frutos”. El árbol de la delincuencia va a seguir dando frutos si no se elimina el dinero que alimenta la actividad ilícita”.
En el segundo foro sobre el “Contexto jurídico del ejercicio de la acción de la extinción de dominio”, en el caso de Panamá, Kenia Porcell precisó que este proyecto de ley en su país “contempla la aplicación de medidas cautelares posteriores” y que “la administración de los bienes estaría bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía”.
Una postura que comparte con Thelma Aldana de Guatemala, quién indicó que en su país “la ley señala que los bienes producto de la extinción de dominio sean destinados a fortalecer las instituciones del ámbito de la Justicia”, por lo tanto, en ambos casos, los bienes regresan al Estado en beneficio de los ciudadanos.
Mientras tanto, en el panel relacionado con la “Implementación de la figura de extinción de dominio”, Rootman Pérez, experto del Ministerio Público de Guatemala, país en donde se aplica esta ley, señaló que los bienes recuperados de las actividades ilícitas son destinados a centros de atención a la niñez. Así se demuestra la aplicación efectiva de la extinción de dominio en beneficio de la ciudadanía.
En el foro sobre “Casos emblemáticos en países de América Latina, en relación a la extinción de dominio”, los participantes expusieron cómo a través de este mecanismo, se atacaron los bienes económicos de varias organizaciones delictivas, con lo que se eliminó la posibilidad de que reincidan en el cometimiento de delitos.
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