Cada testimonio de los procesados revela la venta ilegal de pases en la Policía Nacional
En la Corte Nacional se desarrolló la audiencia de juicio por la venta de pases en la Policía Nacional.
Quito, 23 de septiembre del 2016.- El relato de Carlos T. fue clave porque reveló que existirían listas de solicitantes de pases que llegaban a la Dirección de Personal de la Policía para el proceso documental. La decisión de los traslados se comunicaban luego de 48 horas del pedido.
Este viernes 23 de septiembre, Carlos T. y Freddy R. presentaron su testimonio y pruebas documentales ante los jueces del Tribunal Provincial en la audiencia de juicio contra de 15 policías y una civil, por delincuencia organizada en la venta ilegal de pases en el interior de la Policía Nacional.
Carlos T., en su testimonio, manifestó que él recibió ordenes de Adril Torres (sentenciado mediante procedimiento abreviado a ocho meses por la venta de pases) para que reciba las listas con los nombres de los uniformados que solicitaban los traslados. Estas fueron entregadas por Ernesto Montenegro, otro sentenciado en este caso.
El procesado Carlos T. aseveró que Adril Torres era el único que conocía la clave para modificar el sistema de archivo y documentación utilizado para tramitar los pases.
Hasta este viernes 23 de septiembre, ocho de los 16 procesados ya presentaron la prueba testimonial y documental. Además, ellos decidieron prescindir de más de 200 testigos, por lo que el número de comparecencias se redujo notablemente.
La Fiscalía investigó la existencia de una presunta red dedicada a tramitar el traslado de agentes de la Policía a otras ciudades, sin cumplir con ley y a cambio de un cobro ilegal. Esta caso contiene 278 cuerpos procesales que detallan las presuntas irregularidades.
El supuesto grupo habría cometido el delito de delincuencia organizada en el momento de reunirse y organizarse para ‘reclutar’ personas que requerían de un traslado a otra ciudad y ofertaba ese ‘servicio’ a cambio de montos que iban entre los 1.000 y 2.000 dólares.
Durante estos días , la audiencia se ha desarrollado con fuerte resguardo policial, a pedido de la jueza ponente Maritza Romero, ya que varios procesados aseguraron ser amenazados de muerte.
Por este hecho, en abril del 2016, la Fiscalía inició las investigaciones previas por lavado de activos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito no justificado.
Datos:
La delincuencia organizada está tipificada en el art. 369 del Código Orgánico Integral Penal y sanciona con pena privativa de libertad de 7 a 10 años, para autores; y de 5 a 7 años en caso de colaboradores (cómplices).