Asistencia integral a víctimas, una garantía del Sistema de Protección de la Fiscalía

El personal de la Fiscalía frencuentemente ofrece asistencia a las víctimas de delitos.

Guayaquil, 06 de febrero de 2017.- Una mañana de octubre de 2015, Marlon (nombre ficticio) recibió una inesperada visita en su domicilio, ubicado al noroeste de Guayaquil.

Se trataba de la madre de uno de los dos presuntos responsables de la violación de su hija, de 15 años, quien –tras identificarse- le pidió que lleguen a algún acuerdo con el objetivo de que él se abstenga de seguir acusando a su vástago (prófugo).

Ante esta intención, Marlon le respondió: “Señora, eso ya no está en mis manos, sino en poder de la Fiscalía”. La respuesta enfureció a la mujer, quien decidió retirarse, no sin antes lanzar amenazas contra él y su familia.

Esta fue la alerta que motivó a la Fiscalía General del Estado a incluir a Marlon y su hija en el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT).

Fue así que se activó el proceso de protección física para esta familia, a través de la asignación de custodios policiales.

Como en este caso, la Fiscalía ha garantizado la asistencia oportuna de las personas que se encuentran en situación de riesgo tras el cometimiento de un delito, explicó Ronald Vera, coordinador del SPAVT en Guayas. “Solo en Guayas tenemos (hasta diciembre del 2016) 189 casos en los que se trabaja para ofrecer un trato especial a las víctimas y garantizar la celeridad procesal”, detalló el funcionario.

El coordinador Vera aclaró que la asistencia ofrecida por el personal de la Fiscalía (psicólogos, trabajadoras sociales y asesores legales), también busca garantizar la estabilidad emocional y social de personas que por su condición de víctimas o testigo de un hecho, forman parte de un proceso penal.

Bajo esta cobertura, Marlon continuó firme en su acusación, mientras la Fiscalía impulsaba el proceso para obtener una sentencia condenatoria. Y así se lo logró. En enero del 2016, Kevin V. fue condenado a 19 años por el delito de violación. Mientras contra el otro presunto involucrado, Carlos E., fue llamado a juicio y se espera su captura para resolver su situación jurídica.

Otro caso de protección es el de Mayra (nombre ficticio), quien tras ser agredida por varias mujeres después de salir de una discoteca, participó de manera activa en el juicio que se siguió contra sus victimarios.

“Personal de la Fiscalía estuvo presente durante todo el proceso y supo alentarme con sus palabras durante las audiencias, eso fue lo que me dio las fuerzas para seguir”, relató la joven de 22 años.

En la causa de Mayra, parte del trabajo se concentró en la asistencia psicológica. Eso le permitió, de a poco, mejorar su estado emocional, relató el coordinador del SPAVT en Guayas.

Para la psicóloga de la Fiscalía, Cecilia Saltos, aplicar este tipo de tratamientos es fundamental debido a que la víctima se encuentra en estado de vulnerabilidad. “Al recibir asistencia especializada se puede disminuir su estado depresivo. Esto también le permite tener una participación adecuada en el proceso”, recalcó.

El caso de Mayra concluyó con una  sentencia condenatoria de 23 años 11 meses contra la principal agresora, Simuy L. Para las otras dos procesadas, Marisol L. y Margarita E., la pena fue 11 años, en el grado de cómplices. “Se puede confiar en la Fiscalía, la justicia sí existe, solo hay que ser perseverantes”, detalló Mayra.