Asesor jurídico de “El Rodeo” continuará en prisión preventiva
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 016-DC-2020
Portoviejo (Manabí), 08 de enero de 2020.- La fundamentación del fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, fue contundente y suficiente para que la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, Paulina Sabando, negara el pedido de revocatoria y sustitución de medida solicitada por la defensa de Eker Cayetano G. G.
El ciudadano es asesor jurídico del Centro de Rehabilitación Social (CRE) “El Rodeo” y fue procesado por Fiscalía, por asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones. Otras ocho personas también están judicializadas por este caso.
La audiencia
La audiencia de sustitución de medida se instaló en la Corte Provincial de Justicia de Manabí, la mañana de este miércoles 8 de enero. En los exteriores del edificio, partidarios del procesado pedían su libertad a gritos y con amenazas.
Una vez instalada la diligencia, el abogado de la defensa aseveró a la Jueza que a su representado se le acusa de “haber hablado” con la esposa de un privado de la libertad, pero que no hay elementos que lo conecten al caso.
Sin embargo, en su intervención, el Fiscal de Pichincha desvirtuó esos argumentos. Alberto Santillán enfatizó que con la triangulación de llamadas y la información obtenida en las audiencias reservadas del 16 y 17 de diciembre de 2019, se presume la participación del procesado en el concurso de delitos que Fiscalía investiga. También resaltó la negativa del encausado a entregar su muestra de voz, diligencia que fue señalada para la mañana de este 8 de enero, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Portoviejo.
Finalmente, el Fiscal insistió en que la privación de la libertad en este caso supera los cinco años (al ser concurso real de infracciones, las penas se acumulan) y que conforme al artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) “no cabe la sustitución en infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años”.
La Magistrada resolvió, tras haber escuchado a las partes procesales, que “no se han desvanecido los hechos, ni se han justificado nuevos elementos”. Además, dio paso al argumento de Fiscalía, en cuanto al artículo 536, por lo que el funcionario público encausado continuará en prisión preventiva.
En el transcurso de la tarde, y hasta el cierre de este boletín, con la presencia de la Fiscalía, peritos de la Policía Nacional y de los abogados defensores de los nueve procesados, se llevaba a cabo la audiencia privada de apertura de dispositivos electrónicos, precisamente un CPU, una laptop y memorias de almacenamiento externos levantados en los allanamientos ejecutados la madrugada del 25 de septiembre de 2019, en el contexto del operativo “Valdivia”.
Hechos que se investigan
Según la investigación, los procesados vendían los beneficios relacionados con el cumplimiento del 60% de la condena como condición para solicitar prelibertad (denominado 60/40), que la Ley otorga de forma gratuita a las personas privadas de la libertad (PPL).
Para ello, analizaban a las PPL que cumplían el 60% de sus sentencias y les ofrecían el beneficio a cambio de un pago. Si una PPL no pagaba la suma exigida, no se despachaban sus beneficios de Ley. Fuera del CRS “El Rodeo”, un abogado, presuntamente, gestionaba los trámites con otros funcionarios públicos y, además, recibía el dinero.
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