El caso Arturo Jarrín se judicializó luego de casi 30 años
Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, formuló cargos contra 13 personas en el ‘Caso Jarrín’.
Quito, 28 de abril del 2016.- La decisión de la actual administración de la Fiscalía General del Estado permitió que se retire el velo de impunidad sobre el caso de Arturo Jarrín casi 30 años después. Así es que 13 personas son procesadas por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial, en el contexto de un crimen de lesa humanidad, del exdirigente de Alfaro Vive Carajo (AVC).
En la audiencia que se realizó la mañana de este jueves 28 de abril, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, formuló cargos con base en 37 elementos de convicción, entre los que constan: versiones, pericias e informes. La diligencia se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia por el fuero que ostenta uno de los procesados.
Luego de cuatro horas de audiencia, la jueza nacional Sylvia Sánchez dictó prisión preventiva contra 3 personas. Asimismo, dispuso que los otros 10 procesados se presenten una vez al mes en la Corte Nacional y que no salgan del país.
Además, para los 13 procesados dictó la prohibición de enajenar bienes por 50.000 dólares, para precautelar la reparación integral de las víctimas.
El caso
Durante su exposición ante la jueza, el Fiscal General explicó que entre 1984 y 1988, el Gobierno Nacional ecuatoriano planificó y ejecutó ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil.
En ese período, las unidades especiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional perpetraron detenciones ilegales, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Así consta en los archivos de la década de 1980 desclasificados por mandato del presidente de la República, Rafael Correa, y en la documentación incautada por la Fiscalía General del Estado en el 2013 y 2015.
En este contexto, desde 1984 la Policía Nacional creó una estructura clandestina al interior del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P), conocida como SIC-10.
A finales de septiembre de 1986, Arturo Jarrín, uno de los fundadores y máximo dirigente del grupo AVC, se encontraba en la clandestinidad por la persecución de la fuerza del orden. Pero tenía previsto viajar a Europa. Su traslado se inició por Colombia, luego iría a Panamá, Holanda y finalmente a Serbia.
El 22 de septiembre, Jarrín registró su salida en las oficinas de Migración de la Policía en Rumichaca. Sin embargo, como estrategia de seguridad no cruzó ese día la frontera hacia Colombia, sino que se regresó a Quito para ultimar detalles del viaje, el cual finalmente empezó el 27 de septiembre de 1986.
El 7 de octubre, arribó a Panamá donde permaneció hasta el 24 de ese mismo mes. Ese día, mientras realizaba llamadas telefónicas internacionales, fue detenido por un militar por orden del entonces presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, a pedido del presidente del Ecuador de esa época, León Febres Cordero.
Luego Arturo Jarrín fue trasladado al aeropuerto de Panamá y puesto a disposición de autoridades ecuatorianas.
Al llegar a Quito, Jarrín fue llevado a Tambillo, al lugar conocido como ‘La Remonta’, en donde se encuentran las caballerizas de la Policía Nacional. Allí fue torturado, según lo reveló la autopsia.
Según las investigaciones de Fiscalía, Arturo Jarrín fue ejecutado extrajudicialmente en Carcelén, norte de la capital, la noche del 26 de octubre de 1986.
Pero en ese entonces se difundió una información totalmente diferente a lo que ocurrió. Se dijo que hubo un enfrentamiento armado entre agentes policiales que patrullaban en el sector de Carcelén y Arturo Jarrín, quien se encontraba con otras dos personas.
La versión de la Policía es que, supuestamente, los uniformados les habían solicitado que se detengan, pero habrían respondido con disparos de arma de fuego. Entonces, los policías en su defensa también habrían disparado y en ese cruce de fuego habría fallecido Jarrín.
Los procesados
De los 13 procesados, 11 son policías en servicio pasivo:
Luis S. Comandante General de la Policía Nacional
Galo Z. Director Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional
Édgar V. Jefe de la UIES (Unidad de Investigaciones Especiales)
Holguer S. Jefe del SIC-P
Luis M. Capitán de Policía
Marco P. Oficial del SIC-P
Jorge R. Coronel de Policía
Alberto R. Coronel de Policía
Wilson Z. Suboficial segundo de Policía
José R. Suboficial segundo de Policía
Luis C. Policía
Además, constan 2 civiles:
Fabián M. y Gustavo L.