Arresto domiciliario y otras medidas para adulto mayor, procesado por presunto tráfico de drogas
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1054-DC-2021
Guayaquil (Guayas), 17 de noviembre de 2021.- La Fiscalía del Guayas procesó a un ciudadano de 70 años, presunto representante legal de una compañía exportadora, quien fue detenido en el Puerto Marítimo de Guayaquil tras una inspección a dos contenedores, en cuyo interior se hallaron 2,71 toneladas de cocaína, camufladas entre productos de exportación.
En un operativo conjunto –a cargo del fiscal Miguel Ramos– ejecutado por Fiscalía y la Dirección de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional se detectó la presencia del alcaloide al interior de las cajas de banano para exportación.
Un total de 2.719 paquetes tipo ladrillo embalados en cinta adhesiva y con diferentes colores y logotipos (trébol, roles, roice, MTX y otros).
Este golpe al narcotráfico se logró con la utilización de técnicas analíticas de observación y perfilación, durante un control rutinario a dos contenedores de exportación, junto al apoyo de canes adiestrados para la detección de alcaloide.
En la audiencia de flagrancia, desarrollada la tarde del martes 16 de noviembre en la Unidad Judicial Valdivia, el fiscal Paulo Quishpe Caiza presentó como elementos de convicción: el parte de detención, la versión del detenido, el acta de pesaje y verificación de la droga incautada, las pruebas de campo, pericias químicas y la droga incautada, que se encuentran en cadena de custodia de la Policía Antinarcóticos del Guayas.
El juez de Garantías Penales, Ubaldo Macías, dictó arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico para Vicente Enrique R. P., representante de la empresa que transportaba el cargamento (al tratarse de un adulto mayor de 70 años). También dispuso la suspensión temporal de actividades de la compañía exportadora, la intervención de control competente y la inmovilización de bienes, fondos y demás activos pertenecientes a dicha empresa.
La instrucción fiscal durará treinta días.
Información jurídica
Fiscalía procesó este delito con base en el artículo 220 numeral 1, literal d (gran escala), del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la posesión, distribución, tenencia, transporte y venta de alcaloides, con pena privativa de libertad de diez a trece años.
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