Apelación de Fiscalía logró modificar la pena en caso de violación

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 932-DC-2022

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Ibarra (Imbabura), 13 de diciembre de 2022.- Tras aceptar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General del Estado, la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura sentenció a Johnny M. a veintidos años de pena privativa de libertad, como autor directo del delito de violación.

Un Tribunal de Garantías Penales –en primera instancia– lo sentenció a doce años con ocho meses de prisión, debido a que se aplicó el Art. 37. 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es decir, si la persona comete el delito en estado de embriaguez parcial, se disminuye un tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal.

En la audiencia de juzgamiento, la fiscal del caso, Sandra Quinteros, presentó 20 elementos probatorios que demostraron la participación del mencionado ciudadano, quien no estaba bajo los efectos del alcohol cuando cometió el delito.

El hecho ocurrió el 8 de enero de 2022, en el domicilio de la víctima, quien se reunió con varias personas, entre ellas el agresor. En la madrugada, todos se retiraron a sus viviendas, incluido Johnny M., pero al poco tiempo regresó y le pidió a la víctima que le dejara pasar porque había olvidado sus llaves y dinero.

La mujer lo dejó ingresar y el procesado la atacó con golpes de puño en la cabeza, rostro y en otras partes del cuerpo, además, la violentó sexualmente y varias veces trató de asfixiarle con una almohada. La víctima pidió auxilio insistentemente y el agresor huyó, pero fue detenido más tarde.

En la audiencia de apelación, la Fiscalía hizo referencia a las pruebas expuestas durante el juicio, entre ellas, el testimonio anticipado de víctima rendido en la cámara de Gesell y los testimonios de las personas que estuvieron ese día en la reunión, de los peritos y los policías que tomaron procedimiento.

También explicó los resultados de las pericias de medicina legal, ginecología, audio y video, psicología y de trabajo social, que fueron determinantes para que los magistrados modifiquen el tiempo de la pena y le impongan 22 años.

 

 

 

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