Alexandra A. P., exalcaldesa de Durán, y 17 personas más son vinculadas a la causa en la que se investiga un presunto peculado

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1235-DC-2024

Guayaquil (Guayas), 12 de noviembre de 2024.- La Fiscalía General del Estado vinculó a dieciocho personas –entre ellas la exalcaldesa de Durán, Alexandra A. P.– a la causa en la que se investiga un presunto peculado en la contratación pública para la conducción de agua potable desde la parroquia Chobo (en Milagro) hasta Durán. En este contrato se habría ocasionado un perjuicio al Estado superior a los 40 millones de dólares.

En la audiencia de vinculación, llevada a cabo del 24 octubre al 11 de noviembre, el fiscal provincial de Guayas y Galápagos (e), Marco Ordeñana, presentó los elementos de convicción que sugieren la posible responsabilidad penal de los procesados en este hecho.

Entre estos se incluyen: la denuncia de representantes de la Junta Cívica de Durán y el informe especial de las fases precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de contratos para la optimización del sistema de conducción de agua potable de Chobo hacia Durán. También se presentaron documentos sobre la fiscalización del proyecto para la ampliación del servicio en diversos sectores, correspondientes al período del 1 de enero de 2013 al 28 de febrero de 2019.

Fiscalía sumó pericias contables, de construcción y otras relacionadas con las obras ejecutadas, así como la declaratoria de plazo vencido en el préstamo para la obra y diversos informes de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado.

El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Francisco Morales Garcés, vinculó al proceso a:

• Alexandra A.P., exalcaldesa y presidenta del Directorio Empapad EP de Durán.

Además, dictó prisión preventiva para:

• Aldo R. M., director general de Planeamiento Territorial y administrador del contrato.
• Darwin Stalin P. P., residente de obra.
• Johnny V. G., exadministrador del contrato principal, y;
• Edgar Q. G., verificador de avance de obra.

Por pertenecer a grupos prioritarios –tercera edad y padecer enfermedades catastróficas–, el Juez determinó arresto domiciliario para:

• Tito José M. L., fiscalizador y observador de la Comisión Técnica de Recepción.
• Pompello Danilo A. V., exdirector general Financiero.
• Carlos Franklin A. P., exjefe de Fiscalización, y;
• José Tito Z. H., superintendente de obra.

A los nueve procesados restantes, les dictó medidas cautelares de presentación ante el Fiscal de la causa y prohibición de salida del país:

• Ramiro Leonardo G. A., contratista.
• Roxana Ángela V. M., administradora del contrato.
• Xavier Eduardo L. M., director de Obras Públicas.
• Francisco Xavier L. C., exprocurador síndico.
• Carlos Santiago S. M., secretario de la Comisión Técnica.
• Carlos Julio J. V., gerente general de la Empresa Municipal de Agua Potable Alcantarillado.
• Víctor Hugo V. P., jefe de Montaje y Soldadura.
• Fausto Rodrigo M. A., fiscalizador.
• María Fernanda L. C., jefa de Fiscalización y fiscalizadora delegada.

La investigación

Según Fiscalía, el presunto perjuicio al Estado proviene del contrato para el “Mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable de Chobo a Durán”, firmado el 30 de diciembre de 2014 y adjudicado a la empresa ESEICO S. A., por un monto de 23’780.357,65 dólares.

Los fondos para el proyecto provinieron de un convenio de préstamo y fideicomiso entre el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y el GAD de Durán, con un financiamiento que cubría el total del contrato. Sin embargo, el monto invertido y ejecutado ‒incluyendo contratos complementarios, convenios con CNEL y un contrato adicional‒ asciende a 41’876.107,68 dólares.

En este caso también está procesado el exalcalde de Durán, Dalton N. M., quien actualmente se encuentra con orden de prisión preventiva.

Información jurídica

Fiscalía procesa este caso conforme al artículo 278, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece una pena de diez a trece años de prisión para los servidores públicos y personas que, en virtud de su autoridad, se apropien, abusen, distraigan o dispongan de bienes o fondos públicos en beneficio propio o de terceros.

 

 

 

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