Una persona es sentenciada por uso doloso de documento falso

Quito, 4 de noviembre del 2014.- Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha sentenció a 18 meses de prisión a Fernando M., como autor del  delito de uso doloso de documento falso.

Según la  jueza Maria Mercedes Suarez,  durante los dos días de audiencia se pudo comprobar que el procesado tuvo participación directa en la entrega de cartas falsas como sustento para asegurar dos hidroeléctricas en el país.

El hecho ocurrió en julio del 2013 cuando la Empresa Pública Consorcio Eléctrico del Ecuador (Celec-EP) realizó la convocatoria de régimen especial para el contrato de seguros de las hidroeléctricas Hidropaute y Agoyán.

“Los presuntos documentos respaldaban mil millones de dólares y se protegían negocios de más de tres millones de dólares del patrimonio del Estado”, refirió el Fiscal Fabián Almeida en los alegatos finales.

Fernando M., quien al ser parte de una empresa de reaseguros, junto con sus colaboradores (prófugos) habría falsificado cinco cartas de reaseguradoras de Londres para ganar un concurso y adjudicarse el contrato por el monto de 200 mil dólares que serían un primer anticipo.

El fiscal Fabián  Almeida, en su intervención  manifestó que los procesados tuvieron participación en las negociaciones que culminaron en la adjudicación del contrato de seguros, que dejó a dos hidroeléctricas sin cobertura de seguro por dos meses. 

Entre las pruebas presentadas por Fiscalía constan los informes de la Superintendencia de Seguros Privados donde afirman que la empresa representada por el sentenciado no tenía la garantía económica para sustentar negociaciones con riesgos altos.

Además, peritajes grafológicos donde constan que las firmas de los documentos no corresponden  a las de las autoridades que acreditaban dichos soportes de negocios.

Datos:

El delito de uso doloso de documento privado falso se encuentra tipificado y sancionado por los  artículos 340 y 341 del Código Penal y  contempla una pena de uno a cinco años de prisión.