Un exagente amenazó con un arma a piloto para que traslade a Arturo Jarrín desde Panamá

El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, receptó otros dos testimonios anticipados en el caso ‘Arturo Jarrín’.

Quito, 15 de julio del 2016.- Eduardo Z., entonces agente de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) y responsable de traer a Arturo Jarrín desde Panamá, amenazó con un arma de dotación al piloto de la aeroambulancia. Este se habría negado a conducirlos a Ecuador, porque habría considerado que se trasladaba a una persona secuestrada.

Eso reveló uno de los cuatro testigos protegidos que dio su testimonio anticipado dentro de las investigaciones que impulsa la Fiscalía General del Estado para determinar las responsabilidades penales en el caso de Arturo Jarrín, exintegrante del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC).

Este testimonio lo dio ante Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, y Silvia Sánchez, jueza de la Corte Nacional de Justicia, como parte de la investigación por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de Arturo Jarrín, en el contexto de un crimen de lesa humanidad. Este hecho ocurrió el 26 de octubre de 1986.

Arturo Jarrín fue detenido en Panamá por agentes de inteligencia de ese país, con órdenes del entonces presidente panameño, Manuel Antonio Noriega, y posteriormente entregado a miembros de la Policía ecuatoriana.

El testigo protegido dijo que Arturo Jarrín fue recibido en la Base de la Fuerza Aérea de Quito por el entonces Ministro de Gobierno, Luis R.; su asesor Gustavo L.; el jefe de la UIES, Édgar V., y otros agentes.

En una caravana de tres vehículos trasladaron a Jarrín hasta ‘La Remonta’ en donde funcionaban las caballerizas de la Policía Nacional, en el sector de Tambillo. En este sitio fue interrogado y  permaneció custodiado toda la noche. Los agentes, en sus testimonios, dijeron que desconocían en qué circunstancias ocurrió la muerte del detenido.

En aquella época, la Policía Nacional y las autoridades de Gobierno indicaron que Arturo Jarrín falleció durante un enfrentamiento con miembros policiales que patrullaban casualmente por Carcelén, norte de Quito.

Los agentes de dicho patrullero, supuestamente, intentaron detenerlo, pero fueron contestados con disparos. Esta versión fue desvirtuada por otros dos exagentes policiales, que dieron su testimonio anticipado, el jueves 9 de junio. Ellos indicaron que fueron obligados a firmar el parte policial del supuesto enfrentamiento.

Durante la diligencia realizada este miércoles 15 de junio, el testigo protegido relató que él fue parte de un grupo antisubversivo creado en la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno de esa época. Y que, posteriormente, junto con miembros del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P), integraron lo que se conoció como SIC-10. Años después, este fue denominado Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).

Este testigo protegido (el cuarto en dar su testimonio anticipado en este caso) mencionó, además, que los exagentes de la UIES recibieron entrenamiento antisubversivo en el Batallón de Inteligencia Militar (BIM), que funcionaba en el cuartel Epiclachima (sur de Quito). Este adiestramiento fue con el auspicio de la Embajada de Estados Unidos.

Según el testigo protegido, la UIES utilizaba informantes para obtener información de los miembros de grupos subversivos, a cambio de dinero. Dichos informantes estaban infiltrados en las universidades, organizaciones sindicales, centros de detención y en grupos como AVC.

Uno de estos informantes era Fabián M., exintegrante de AVC, que se encontraba detenido en el exPenal García Moreno, de Quito.

El proceso penal

La Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, formuló cargos el 28 de abril del 2016, con base en 37 elementos de convicción: versiones, pericias e informes. 

La jueza nacional Sylvia Sánchez dictó prisión preventiva contra tres personas. Otros 10 procesados están con medidas sustitutivas: presentarse una vez al mes en la Corte Nacional de Justicia y no salir del país.

A partir de esa fecha, la Fiscalía tiene 90 días para profundizar su investigación (instrucción fiscal), con el objetivo de recabar pruebas suficientes para solicitar que se llame o no juicio a los procesados. En caso de existir nuevas personas vinculadas al proceso, la investigación puede extenderse por 30 días.

Durante esta fase, la Fiscalía solicitó los testimonios anticipados de siete testigos protegidos, con base a lo que faculta el artículo. 502.2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El propósito de los testimonios anticipados es evitar que los testigos protegidos acudan a la audiencia de juicio para no exponerlos a un riesgo frente a los implicados al proceso.

Para la próxima semana, la Fiscalía tiene previsto receptar el testimonio anticipado de otro exagente de la UIES.

Dato:

El caso de Arturo Jarrín fue denunciado en el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador y es parte de las múltiples violaciones de derechos humanos atribuidas a la UIES.