Tribunal de la Corte Nacional sentencia a exasambleísta Norma V. a 1 año de pena privativa de libertad

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 623-DC-2020

Tribunal de la Corte Nacional sentencia a exasambleísta Norma V. a 1 año de pena privativa de libertad

Quito (Pichincha), 14 de julio de 2020.- Por unanimidad, Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a la exasambleísta Norma V. a un año de pena privativa de libertad, como autora directa del delito de concusión, tras considerar que se comprobó su culpabilidad.

Los jueces Dilza Muñoz, Iván León y Marco Rodríguez también le impusieron una multa de cuatro salarios básicos unificados y el pago de una reparación integral de 9.050 dólares a favor de los acusadores particulares y la diferencia, de 14.100 dólares, será entregada al Estado, cancelada en un plazo no mayor a ocho días luego de ejecutoriada la sentencia.

Asimismo, se dispuso la publicación del fallo en tres diarios de difusión nacional (un domingo), a cargo de Norma V. y disculpas públicas a la ciudadanía en una sesión del pleno de la Asamblea Nacional.
La procesada queda impedida de ser candidata a cargos públicos de elección popular o contratar con el Estado por el tiempo que dure la pena y tiene prohibición de enajenar bienes.

En la audiencia de juzgamiento, desarrollada el 25 y el 26 de junio, participó la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, quien presentó doce pruebas testimoniales, siete documentales y seis acuerdos probatorios en relación a pericias.

En su intervención mencionó que, a través de los elementos probatorios presentados, Fiscalía demostró la participación de la exlegisladora como autora del delito, pues –entre mayo de 2017 y noviembre de 2018–, abusando de su cargo, ordenó y exigió la entrega de contribuciones a sus subordinados, a cambio de su estabilidad laboral.

Según Fiscalía, Norma V. vulneró el bien jurídico protegido, que en este caso es la eficiencia de la administración pública, pues –abusando de su investidura como asambleísta de Pichincha– se benefició de los aportes entregados.

Con esta actuación, la procesada trasgredió los principios que rigen a los funcionarios públicos, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.

 

 

 

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