Tres vinculados al caso ‘González y Otros’ habrían omitido investigar las desapariciones
El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, expuso las razones para vincular a tres personas más en el caso.
Quito, 21 de septiembre del 2016.- Prohibición de salida del país y de enajenar bienes, así como presentarse cada 15 días ante los jueces, es el resultado de la audiencia de vinculación al proceso por plagio en el caso ‘González y otros’.
Son las medidas cautelares solicitadas por Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, en audiencia de vinculación instalada la tarde de este miércoles 21 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia.
El Fiscal General motivó ante el conjuez nacional ponente, Iván Patricio Saquicela, las razones de la Fiscalía para incluir en la investigación a dos coroneles y un general de Policía, en servicio pasivo, al proceso por plagio, cometido bajo la modalidad de desaparición forzada constitutiva de una grave violación a los derechos humanos.
Este caso data del 19 de noviembre del 2003, cuando un grupo policial ejecutó un operativo en una farmacia de la cadena ‘Fybeca’, en Guayaquil, donde murieron ocho personas y desaparecieron otras cuatro, presuntamente en manos de los policías.
Los ciudadanos Hugo R., Edgar V. y Antonio G. fueron vinculados porque “en opinión de Fiscalía, tenían que investigar los hechos de las desapariciones, por disposición del Comandante General de la Policía (de ese entonces). Tenemos pruebas documentales de que ellos fueron dispuestos a través de un telegrama oficial”, dijo Chiriboga Zambrano.
«Es decir que hubo una omisión a la investigación de esas desapariciones», manifestó Galo Chiriboga. El tipo penal de desaparición implica, no solo la ausencia de esas personas, sino la falta de la información a sus allegados. “No se comunicó dónde estuvieron detenidos, la institución policial no informó sobre los registros de estas personas que, supuestamente, ingresaron a la Policía Judicial (en Guayaquil, el día de los hechos)”.
Con esta vinculación, la Fiscalía amplía en 30 días más la instrucción fiscal (periodo de investigación) que, desde la formulación de cargos del 27 de junio del 2016, se determinó en 90 días. Al momento son 18 los procesados.